La Policía Nacional realizó una intervención contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento Palotal, zona rural de Ayapel, Córdoba, donde fueron inutilizados 58 equipos utilizados para las labores de extracción y procesamiento de material. El operativo permitió afectar infraestructura cuyo valor fue estimado en aproximadamente $230 millones.
La acción fue adelantada por el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Córdoba, con apoyo del Escuadrón Móvil de Carabineros y la Seccional de Inteligencia Policial, en el marco de la operación Tierra Segura IV Córdoba y la operación Aquiles. Entre los elementos intervenidos se encuentran 51 motobombas y siete clasificadoras.
Durante el procedimiento, las autoridades encontraron evidencia de alteraciones sobre el terreno, entre ellas excavaciones con acumulación de agua, remoción de suelo y áreas sin cobertura vegetal. La intervención también estuvo dirigida a reducir el impacto sobre la quebrada El Cielo, afectada por actividades extractivas que pueden generar sedimentación, erosión, contaminación y modificaciones en los cauces naturales.
Según información recopilada durante el operativo, en este punto se producirían cerca de 4.000 gramos de oro mensuales, cuyo valor habría sido calculado en aproximadamente $1.520 millones. Las autoridades también señalaron que presuntamente se cobraba un 15 % de esa producción, equivalente a unos $228 millones al mes, recursos que serían destinados a la subestructura Javier Yepes Cantero del grupo armado organizado EGC.
De esta manera, el procedimiento buscó afectar tanto la capacidad logística de la explotación minera ilegal como una posible fuente de financiación de estructuras criminales.
La situación también genera preocupación por el impacto ambiental en Ayapel y su relación con el Complejo Cenagoso de Ayapel, humedal reconocido por su importancia internacional. De acuerdo con información de la Gobernación de Córdoba divulgada en 2024, se habían identificado 3.800 hectáreas deforestadas y una pérdida de 2.600 hectáreas de espejo de agua. El diagnóstico departamental también advertía sobre riesgos relacionados con la presencia de mercurio y arsénico asociados a la minería ilegal.
Ante este panorama, el departamento planteó una estrategia de recuperación cercana a $151.100 millones, que contempla acciones como rehabilitación de ecosistemas, recuperación de la dinámica hídrica, remoción de sedimentos, reconversión agroforestal y procesos de biorremediación de suelos y fuentes de agua afectadas.
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