El representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Figueroa Angarita, presentó ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes una proposición para realizar un debate de control político sobre la crisis energética que atraviesa el departamento, en medio de los prolongados cortes de electricidad que han afectado a diferentes municipios.
A la citación fueron convocados la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez; la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios encargada, Hilda María Borja Vega, y el agente especial interventor de AIR-E S.A.S. E.S.P., Jaime Humberto Mesa Buitrago.
También fueron invitados la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), XM S.A. E.S.P., el Departamento Nacional de Planeación, AIR-E, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de los municipios involucrados.
La iniciativa contempla un cuestionario dirigido a las entidades citadas para establecer qué medidas se han adoptado y qué decisiones han dejado de tomarse frente a la situación. El representante busca conocer, entre otros aspectos, el estado financiero actual de AIR-E, las estrategias para disminuir las pérdidas técnicas de la red y las garantías existentes para mantener la prestación del servicio en el departamento.
Figueroa también pidió información sobre el diagnóstico de la calidad del servicio, los recursos de la Nación destinados al Fondo Empresarial de AIR-E, las acciones previstas dentro del plan de choque de infraestructura y las inversiones realizadas en La Guajira desde septiembre de 2024. Asimismo, solicitó detalles sobre la coordinación entre los ministerios de Minas y Hacienda y la Superintendencia de Servicios Públicos.
El congresista señaló que la crisis energética ya tiene repercusiones en distintos sectores de la población, debido a que los apagones han afectado el funcionamiento de clínicas y colegios, además de generar impactos sobre el comercio. A esto se suman los bloqueos de vías, que han incidido en los costos de productos y en la actividad económica del departamento.
Figueroa sostuvo que el objetivo del debate no es determinar culpables, sino obtener respuestas concretas y establecer una ruta de acción que permita enfrentar la problemática. También insistió en la necesidad de una coordinación efectiva entre el Gobierno Nacional, AIR-E y las autoridades territoriales para evitar que los habitantes de La Guajira continúen asumiendo las consecuencias de las dificultades en la prestación del servicio.
El debate de control político será programado próximamente por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
