Antes de cerrar el telón de su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un nuevo paso en la consolidación de su política de transición energética. La expedición del Decreto que reglamenta el cierre de minas en Colombia no es un acto administrativo cualquiera. Es una decisión que marca el rumbo de una actividad que durante décadas ha sostenido buena parte de la economía nacional y, especialmente, la de departamentos como La Guajira y el Cesar.
La coincidencia no deja de ser significativa. Mientras el Decreto entra en vigencia, en Valledupar se reúnen organizaciones sindicales, representantes del sector minero, empresarios y delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para debatir el futuro de las regiones carboníferas. Allí no solo se discuten conceptos técnicos sobre transición energética. Se habla, sobre todo, del futuro de miles de familias cuyo sustento depende directamente de la minería.
El panorama es inquietante. La Guajira enfrenta el progresivo cierre de operaciones de grandes compañías como Cerrejón, mientras en el Cesar ya se sienten los efectos de las decisiones adoptadas por Drummond y Prodeco. Detrás de esas determinaciones existen más de 12.000 empleos directos e indirectos que podrían desaparecer, además de cientos de pequeñas empresas proveedoras, comerciantes, transportadores y prestadores de servicios cuya economía gira alrededor de la actividad minera.
La pregunta de fondo sigue sin una respuesta convincente: ¿qué sucederá con La Guajira cuando termine definitivamente la explotación carbonífera? Hablar de reconversión económica resulta sencillo en los documentos oficiales, pero construir una nueva economía regional demanda inversiones multimillonarias, infraestructura, educación, incentivos empresariales y, sobre todo, tiempo. Ninguna de esas condiciones se crea mediante un Decreto.
La transición energética es una realidad mundial que Colombia no puede desconocer. Sin embargo, toda transición responsable debe construirse con planificación, gradualidad y garantías sociales. Cerrar una mina no significa únicamente apagar una operación industrial; implica transformar el tejido económico de municipios enteros que durante cuarenta años crecieron alrededor del carbón.
Dimensionar ese fenómeno social exige mucho más que seminarios, conversatorios o encuentros académicos. La Guajira no puede convertirse en un laboratorio donde primero se clausuran las minas y después se improvisan las soluciones.
En este escenario, la expectativa se concentra en el próximo Gobierno. Una eventual prórroga de la licencia de explotación de Cerrejón podría convertirse en un puente temporal que permita organizar una transición ordenada, especialmente cuando el carbón colombiano mantiene demanda en mercados europeos y la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel podría abrir nuevamente oportunidades comerciales.
La transición energética es inevitable. Lo que aún está por definirse es si Colombia será capaz de hacerla con responsabilidad social o si permitirá que miles de trabajadores paguen, en soledad, el costo de una transformación que debe beneficiar al país entero.
