Todos los años el Estado nos refresca con anuncios apocalípticos, sobre eventuales fenómenos climáticos, convirtiendo al Niño y la Niña, en banderas para emanar decretos, con los cuales se buscan las sequías, apagones y todo tipo de desastres.
Desde ya La Guajira empieza a sentir, una vez más, los rigores de una temporada seca que amenaza con convertirse en una emergencia de grandes proporciones. Los incendios registrados recientemente en Riohacha y Maicao no son hechos aislados ni episodios fortuitos; son la señal inequívoca de una crisis anunciada. Una crisis que, como suele ocurrir en nuestro departamento, encuentra a las instituciones sin capacidad real de respuesta, no por falta de advertencias, sino por la negligencia sistemática de quienes tienen la obligación de prevenirla.
Desde hace meses, organismos nacionales y expertos en gestión del riesgo han advertido sobre la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, con temperaturas extremas, prolongadas sequías y alta probabilidad de incendios forestales y estructurales. Las alarmas se encendieron a tiempo. Hubo anuncios, reuniones, discursos y compromisos públicos. Pero, como tantas veces, la prevención quedó atrapada en el papel.
Hoy la realidad golpea con crudeza: los cuerpos de bomberos de La Guajira sobreviven en condiciones indignas. En los 15 municipios del departamento se repite el mismo panorama: estaciones sin recursos, máquinas varadas por fallas mecánicas, falta de combustible, equipos deteriorados, unidades sin salario y sin garantías mínimas de seguridad social. Hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger a la comunidad son abandonados por administraciones que parecen recordar su existencia únicamente cuando las llamas ya consumen viviendas, negocios o ecosistemas.
El caso de Riohacha es particularmente preocupante. Aunque se firmaron convenios para garantizar la operatividad del Cuerpo de Bomberos, los recursos no han sido desembolsados con la celeridad que exige la emergencia. Es decir, existe el compromiso formal, pero no la voluntad efectiva de cumplirlo. Y mientras los trámites duermen en escritorios oficiales, las máquinas se apagan y la capacidad de reacción se reduce peligrosamente.
Lo ocurrido en las últimas horas en Riohacha y Maicao, donde varios incendios estructurales han puesto en evidencia la fragilidad del sistema, debería ser suficiente para encender las alarmas institucionales. No se trata solo de apagar incendios; se trata de proteger vidas, patrimonio y territorio.
La pregunta es inevitable: ¿qué están esperando las administraciones municipales y el gobierno departamental? ¿Acaso una tragedia de mayores proporciones para reaccionar?
La prevención no puede seguir siendo un discurso oportunista que se desempolva cada vez que se anuncia una temporada crítica. Los recursos destinados a la gestión del riesgo deben ejecutarse con transparencia, oportunidad y responsabilidad.
La Guajira no necesita más ruedas de prensa ni comunicados grandilocuentes. Necesita acción inmediata. Porque cuando el fuego avanza, la improvisación también quema.
