Jazen Kmilo Suárez Rodero presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra varios concejales de La Jagua de Ibirico, tras la aprobación de un empréstito por hasta 44.000 millones de pesos.
La acción se fundamenta en una demanda de nulidad simple interpuesta por el denunciante, que cuestiona la legalidad del Acuerdo Municipal No. 023 del 17 de diciembre de 2025. Mediante este acto, el Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico otorgó facultades al alcalde Leonardo Fabio Hernández Cataño para gestionar el endeudamiento.
Según la queja, el acuerdo presentaría presuntos vicios de ilegalidad que pondrían en duda su validez. El monto aprobado equivale a más de la mitad del presupuesto anual del municipio, estimado en 82.988 millones de pesos para esa vigencia. Suárez Rodero sostiene que la autorización fue concedida de manera genérica, sin delimitar su alcance ni establecer plazos claros para la contratación del crédito.
Además, advierte que no se definieron de forma concreta los proyectos a financiar, ni se presentaron estudios técnicos que respalden la capacidad de pago del municipio, por lo que, a su juicio, no debió aprobarse el acuerdo que otorga facultades al alcalde, calificadas como excesivas. Añade que el pago de esta deuda comprometería rentas de vigencias futuras, superando el periodo de gobierno actual que finaliza en 2027.
El denunciante considera que estas omisiones podrían contravenir normas constitucionales, legales y disposiciones orgánicas que regulan el manejo responsable del endeudamiento público.
Los concejales mencionados en la queja son: María Victoria Arzuaga Manjarrez, Adier Brujes Ochoa, Edinson Chaparro Meza, Yoiner Pallares Galván, Mario José Machado Nieto, José Miguel Martínez Villa, Amarildo Rafael Molina Trillos, Vivian Rosa Moreno Castrillo, Óscar Parejo Cudris, José Antonio Rincón Pérez, César Zambrano Turizo, Luis Gabriel Valero Flórez y Armando Vides Castro.
“Hago un llamado respetuoso a la Procuraduría General de la Nación y al despacho que conoce dé la demanda para que, dentro de sus competencias, actúen con la mayor celeridad, rigor jurídico y apego al ordenamiento constitucional y legal. Resulta imperativo que, de encontrarse mérito, se adopten las decisiones a que haya lugar para marcar un precedente respecto a estos casos y se eviten actuaciones similares”. Manifestó Suárez Rodero
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