Ante la creciente ola de rumores en Urumita sobre un supuesto cierre de la empresa Aguas de Urumita (Aguaur), la alcaldesa Mary Luz Corrales Maragón aclaró que no se trata de una liquidación, sino de la finalización del contrato de operación que estuvo vigente por más de una década.
Durante una entrevista en Cardenal Stereo, la mandataria explicó que este proceso no es reciente. Según indicó, desde el año pasado la administración municipal, en calidad de socia de la cooperativa, sostuvo mesas de trabajo con los demás integrantes para evaluar aspectos técnicos, jurídicos y administrativos del funcionamiento de la empresa. De estos análisis surgieron situaciones puntuales que hoy derivan en la necesidad de un cambio en el modelo de operación.
Corrales precisó que la decisión también responde a la necesidad de garantizar una prestación eficiente a largo plazo, especialmente en el contexto de una importante inversión en infraestructura de agua potable. El municipio recibe actualmente una obra impulsada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Banco Interamericano de Desarrollo, que supera los 15.000 millones de pesos y podría alcanzar los 24.000 millones con adiciones. Este proyecto incluye mejoras en la línea de conducción y la planta de tratamiento.
A partir de estudios especializados contratados por el Ministerio, se plantearon tres alternativas para asegurar la sostenibilidad del sistema: la creación de una nueva empresa, la contratación de un operador especializado o el fortalecimiento del esquema existente. La administración municipal, según la alcaldesa, siempre apostó por mejorar lo que ya estaba en funcionamiento, sin embargo, la falta de consenso con los demás socios llevó al escenario actual.
Además, reiteró que el servicio no será interrumpido y seguirá bajo la responsabilidad del municipio mientras se define un nuevo esquema. Por otro lado, anunció que en el mes de mayo se presentará la situación ante el Concejo Municipal, instancia que deberá evaluar las opciones y tomar decisiones sobre el futuro de la prestación.
Finalmente, Corrales hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por desinformación. Subrayó que toda la documentación del proceso es pública y verificable, y enfatizó que el agua es un derecho fundamental. “El servicio sigue siendo público, lo que cambia es la operación para que funcione”, concluyó, insistiendo en que se trata de una decisión responsable orientada a mejorar un servicio que por años ha sido objeto de quejas en la comunidad.
