El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la decisión de suspender órdenes de captura a cabecillas de estructuras criminales, en medio de la controversia por los alcances de la política de “paz total” del Gobierno nacional.
La acción judicial, que incluye solicitud de medida cautelar, busca frenar los efectos de una resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación a petición del Ejecutivo, mediante la cual se suspendieron órdenes de captura contra al menos 23 jefes criminales en distintas zonas del país.
Según el mandatario departamental, esta medida no solo debilita la institucionalidad, sino que también afecta directamente los derechos de las víctimas y el trabajo de las autoridades judiciales y de seguridad. Rendón ha sido enfático en que la decisión permitiría la movilidad de personas condenadas por delitos graves como homicidio, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento, lo que, a su juicio, representa un riesgo para la seguridad ciudadana.
El recurso fue respaldado por 11 alcaldes del departamento, quienes se sumaron a la iniciativa al expresar su desacuerdo con la decisión impulsada por el Gobierno nacional y adoptada por la Fiscalía. La preocupación, señalaron, radica en el posible impacto de la medida en la seguridad de los territorios y en las estrategias locales para contener la criminalidad.
Rendón sostiene que la resolución vulnera principios constitucionales y podría generar un escenario de impunidad, al tiempo que cuestiona que se otorguen beneficios a personas que ya han sido procesadas o condenadas por la justicia. En ese sentido, la demanda pretende que el alto tribunal evalúe la legalidad de la medida y, de ser posible, ordene su suspensión inmediata.
