En un nuevo movimiento dentro de la política de “paz total”, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 presuntos jefes de estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, una decisión que busca facilitar su participación en diálogos sociojurídicos con el Gobierno Nacional.
La medida cobija a reconocidos cabecillas de organizaciones ilegales, varios de ellos con amplia trayectoria en el crimen urbano. Entre los nombres incluidos figuran alias como “Douglas”, “Tom”, “Lindolfo”, “Carlos Pesebre” y “Mundo Malo”, señalados de liderar redes dedicadas a delitos como extorsión, narcotráfico y control territorial.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de “Carlos Pesebre”, quien había renunciado semanas atrás a su rol como vocero en el espacio de diálogo que se adelanta en la cárcel de Itagüí, lo que genera dudas sobre los criterios utilizados para su inclusión en este beneficio.
Además, otros jefes criminales también fueron cobijados por la decisión, lo que amplía el alcance de la medida en el entramado de bandas del área metropolitana. Sin embargo, persisten interrogantes sobre su implementación, ya que al menos siete de los beneficiados ya se encuentran en libertad, e incluso algunos estarían fuera del país, sin que se haya precisado su papel dentro del proceso.
La suspensión de estas órdenes no implica la extinción de los procesos judiciales, pero sí detiene temporalmente las acciones en su contra mientras avanzan los acercamientos con el Ejecutivo.
La medida ha generado una fuerte controversia. Mientras el Gobierno la defiende como un paso necesario para avanzar en la desarticulación de las estructuras criminales, autoridades locales han expresado preocupación por los riesgos que podría implicar en materia de seguridad y en el contexto electoral.
