La Fiscalía General de la Nación reveló un presunto entramado de corrupción que habría direccionado y apropiado los recursos destinados a la atención de la primera infancia y de mujeres gestantes pertenecientes a grupos étnicos y comunidades rurales en los municipios de Riohacha y Manaure, en La Guajira.
Los señalados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
La investigación se centró en tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada, cuyo objetivo era la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación con enfoque diferencial.
Según los elementos materiales probatorios, los exfuncionarios Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su rol de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera. Dichos pagos se sustentaban en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengual Riveira y Romero Pinilla, quienes suministraban productos perecederos, carnes y verduras. Las cuentas mostraban incrementos inusuales en los valores de los artículos y raciones, presuntamente utilizados para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar desembolsos adicionales.
Este presunto sobrecosto generó un detrimento patrimonial superior a 860 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los involucrados, según su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
