El Gobierno Nacional ha anunciado un conjunto de decretos para enfrentar la crisis climática que afecta a gran parte del país, con el objetivo de recaudar cerca de $8,6 billones de pesos para atender a los damnificados, con especial énfasis en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Entre las medidas, el “Decreto 0240” establece herramientas tributarias y de financiación para cubrir el déficit de recursos. Incluye la reactivación del IVA del 16% para apuestas en línea, la extensión del impuesto al patrimonio a sociedades internacionales con activos superiores a 200.000 UVT (aprox. $10.400 millones de pesos), y una amnistía de la DIAN que permite a los deudores morosos regularizarse pagando solo el 15% de las sanciones acumuladas antes del 30 de abril de 2026.
Las acciones contempladas incluyen asignaciones presupuestales inmediatas para la atención humanitaria, reconstrucción de infraestructura y ejecución de planes preventivos que reduzcan el impacto de futuras lluvias intensas. Se prevé la activación de protocolos de coordinación entre entidades nacionales y locales, garantizando una distribución eficiente de los recursos. También se establecen incentivos fiscales y mecanismos de financiación para empresas y cooperativas que participen en proyectos de reconstrucción y prevención climática.
Organizaciones sociales y ambientalistas han valorado la rapidez de la respuesta, pero enfatizan la necesidad de que los recursos se traduzcan en acciones concretas de adaptación climática y apoyo integral a las comunidades más vulnerables. Por su parte, sectores empresariales han expresado inquietudes sobre las nuevas cargas fiscales y solicitan claridad sobre la duración de los impuestos y los mecanismos de reinversión en proyectos sostenibles.
Con estas medidas, el país no solo busca atender la emergencia inmediata, sino fortalecer la capacidad de adaptación frente a fenómenos extremos que se han vuelto más frecuentes. El Gobierno ha señalado que estos decretos son el inicio de una estrategia más amplia para construir infraestructura resiliente y mejorar la planificación, combinando respuestas de choque con herramientas de transformación a largo plazo del manejo del riesgo en Colombia.
