La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la teniente coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez, jueza 1ª de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, por acoso laboral en contra de una subalterna con grado de mayor.
La decisión fue adoptada en fallo de primera instancia el 16 de febrero de 2026 en Bogotá, tras comprobarse conductas de maltrato y persecución en el marco de la relación laboral y profesional entre ambas oficiales.
Según el ente de control, la sancionada incurrió en comportamientos que vulneraron el deber funcional y el principio de moralidad, afectando el buen servicio público y la convivencia laboral dentro de la institución.
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Detalles de la conducta y afectaciones a la víctima
De acuerdo con la investigación disciplinaria, la Procuraduría estableció que la teniente coronel ridiculizó a la mayor por su equipo de cómputo y realizó alusiones a su vida íntima y personal. Además, utilizó su antigüedad dentro de la institución para intimidarla.
El organismo de control señaló que estas actuaciones generaron afectaciones en la salud mental de la víctima. Una evaluación psicológica incorporada al proceso determinó que la mayor presentó cuadros de ansiedad y depresión como consecuencia de los hechos.
Calificación de la falta y alcance de la sanción
En esta etapa procesal, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las conductas como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. El fallo concluyó que la funcionaria transgredió sus deberes y comprometió la moralidad administrativa.
La sanción impuesta implica la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años, decisión que corresponde a un fallo de primera instancia dentro del proceso disciplinario.
