El Gobierno nacional anuncia una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a personas involucradas en compra de votos y otros delitos electorales, de cara a las elecciones legislativas de 2026.
La decisión fue adoptada tras un Consejo de Seguridad y Paz, en el que se ratificó como objetivo prioritario combatir prácticas que atenten contra la transparencia del proceso democrático, especialmente en las elecciones de Senado y Cámara.
Las autoridades indicaron que la ciudadanía podrá denunciar con absoluta reserva a través de la línea 157, mecanismo habilitado para recibir información relacionada con delitos electorales.
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Estrategia contra delitos electorales
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la medida a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que la recompensa busca fortalecer la lucha contra la corrupción electoral.
“Culminado el Consejo de Seguridad y Paz, el Gobierno nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales. En ese marco, se decidió ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a quienes incurran en conductas que atenten contra la transparencia del proceso electoral”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a estas prácticas ilegales. “Denuncie con absoluta reserva a la línea 157. El silencio es cómplice de la corrupción. No nos quedemos callados; defendamos la democracia y protejamos lo que nos pertenece”, agregó.
Vigilancia reforzada para 2026
El anuncio se da en medio del calendario previo a las elecciones de 2026, en las que se elegirán nuevos integrantes del Congreso de la República. El Gobierno aseguró que, además de la recompensa, se fortalecerán las acciones de inteligencia y presencia institucional en los territorios con antecedentes de irregularidades electorales.
La compra de votos constituye un delito en Colombia y puede acarrear penas de prisión e inhabilidades. Con esta medida, el Ejecutivo busca incentivar la denuncia ciudadana y prevenir que estas prácticas afecten la legitimidad de los comicios.
Las autoridades reiteraron que la información suministrada será manejada con reserva y que quienes aporten datos clave podrán acceder a la recompensa, siempre que permita resultados efectivos en la judicialización de los responsables.
