El Gobierno Nacional confirmó el inicio de la recolección de firmas para promover la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo con el cual se busca discutir reformas profundas al marco constitucional vigente.
La recolección de firmas comenzó formalmente este 16 de febrero, tras el respaldo del presidente Gustavo Petro y el anuncio del ministro de Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que ya se han iniciado los procesos de acopio entre ciudadanos interesados en apoyar la iniciativa.
La propuesta ha generado debate en el país y plantea la posibilidad de ampliar la participación ciudadana en la definición de temas estructurales, en un contexto de tensiones políticas y demandas de cambios institucionales. La iniciativa, debe reunir el respaldo de al menos el 5 % del censo electoral, lo que equivale a 2.069.760 firmas válidas.
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Arranca el proceso de recolección de firmas
Según el Gobierno, este lunes se pusieron en marcha las jornadas de recolección de firmas en todo el territorio nacional para reunir las rúbricas necesarias que permitan, en una etapa posterior, convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ejecutivo, que ha señalado la necesidad de discutir reformas sociales y políticas de fondo.
El ministro Benedetti indicó a través de su cuenta de X que “se ha iniciado la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente”, destacando que el procedimiento se está llevando a cabo conforme a la normatividad vigente para este tipo de procesos que implican participación ciudadana.
Objetivos y respaldo oficial
El Gobierno sostiene que la iniciativa tendría por objetivo permitir a la ciudadanía una participación directa en la discusión de temas estructurales del país, como derechos sociales, economía, justicia y fondo político, mediante un mecanismo de convocatoria de una asamblea constituyente.
Debate y posiciones encontradas
La iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente ha generado posiciones encontradas en el país. Sectores a favor argumentan que constituye una oportunidad para renovar el pacto social y avanzar en transformaciones profundas, mientras que críticos advierten sobre posibles riesgos institucionales y desestabilización del equilibrio de poderes, citando experiencias históricas previas.
En este contexto, sectores políticos, académicos y sociales se han manifestado en torno al debate, señalando la importancia de que la discusión se dé con transparencia, con claridad sobre los temas a abordar y respetando los mecanismos legales previstos para este tipo de procesos constitucionales.
