Diez días después de la borrasca que derribó el puente sobre el río Mendihuaca, a la altura del kilómetro 37 de la carretera Troncal del Caribe, entre Santa Marta y Riohacha, no se vislumbran soluciones, ni inmediatas y mucho menos de fondo.
Los gobernadores de las zonas más afectadas, Magdalena, Margarita Guerra y La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, fueron los primeros en llegar al sitio de la emergencia. Tres días después arribó la ministra del transporte y otros funcionarios de su equipo.
Han transcurrido 10 días, la emergencia se agudiza, el costo de vida se ha disparado en todas las poblaciones. El colapso de esta infraestructura estratégica no solo partió en dos una vía fundamental del Caribe colombiano, sino que dejó al descubierto la lenta, errática y preocupante respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que, en teoría, debería actuar con celeridad ante emergencias de esta magnitud.
Mientras la Ungrd se pierde en anuncios vagos, visitas protocolarias y promesas sin cronograma, el costo de vida en La Guajira se dispara sin control. Los alimentos básicos llegan más caros o simplemente no llegan. El transporte se encarece, los tiempos se duplican y la economía cotidiana de miles de familias se vuelve insostenible. Cada día sin una solución clara es un día más de inflación silenciosa que castiga a los más pobres.
Los campesinos, una vez más, pagan el precio más alto. Con las vías colapsadas, sacar sus productos se ha convertido en una odisea. Toneladas de alimentos se pierden o se venden a precios irrisorios, mientras el discurso oficial habla de apoyo al campo que, en la práctica, no aparece. La caída del puente no solo interrumpió el tránsito vehicular; cortó el sustento de comunidades enteras que dependen del comercio agrícola.
El turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región, también se ve seriamente afectado. Visitantes cancelan reservas, operadores turísticos trabajan a pérdida y la imagen del Caribe colombiano vuelve a quedar asociada a la precariedad y la improvisación estatal. Todo esto ocurre en plena temporada, cuando una respuesta rápida habría mitigado el impacto económico.
No es casual que los gobernadores del Magdalena Margarita Guerra y La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, hayan alzado la voz para exigir soluciones inmediatas. Su reclamo no es político, es urgente. La región no necesita más diagnósticos, necesita acciones: puentes provisionales, rutas alternas funcionales y un plan serio de reconstrucción con fechas y recursos claros.
La Ungrd no puede seguir actuando como espectadora de una crisis que crece cada día. Su inacción resulta inaceptable y su silencio, ofensivo. La gestión del riesgo no se mide en comunicados, sino en resultados. Diez días después, esos resultados no existen. Y mientras tanto, el Caribe sigue esperando, pagando y resistiendo.