Hace doce años escribí en este mismo medio un artículo titulado ‘Bloque de búsqueda por niños moribundos’. No era una metáfora gratuita. Era una denuncia y una exigencia que el Estado colombiano usara para salvar niños la misma capacidad logística, presupuestal y operativa que históricamente había usado para la guerra. Hoy, con dolor y con rigor, hay que decirlo completo: ese bloque de búsqueda humanitario empezó a existir, de manera parcial, tardía e incompleta, a través de los equipos extramurales, los hospitales de campaña y las intervenciones recientes. Pero, también hay que decir lo otro: llegó después de décadas de saqueo, abandono y muertes evitables.
Pocos recuerdan que en La Guajira sí existió un momento en que el Hospital San José de Maicao fue un proyecto serio, moderno y viable. Diseñado por el Consorcio Hospitalario de Cataluña, con nueva sede de alto nivel de complejidad, superávit financiero, un crédito aprobado por 20 millones de dólares para equipos biomédicos y acompañamiento del Ministerio de Salud para acreditación de alta calidad. Su gerente, José Octaviano Liñán Murgas, fue removido al vencerse su período, pese a que más de 8.000 ciudadanos firmaron un derecho de petición para que continuara. No lo dejaron. En su reemplazo llegó la politiquería. Y con ella, el saqueo. Era la época de la campaña de Bladimiro Cuello Daza, con Hernando Deluque Freyle como jefe político, el Hospital San José fue convertido en botín. El mismo clan que controlaba el hospital de Riohacha y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar convirtió la salud y la niñez en fortín electoral. Aquí no hubo fracaso técnico, hubo destrucción política deliberada.
La Sentencia T-302 de la Corte Constitucional no fue un trámite. Fue el reconocimiento jurídico de una tragedia estructural. Al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y en La Guajira en general, la Corte certificó que existía una vulneración masiva, sistemática y prolongada de los derechos fundamentales del pueblo wayuú, especialmente de los niños. Y es clave recordarlo hoy, la T-302 sigue vigente porque la brecha era —y sigue siendo— tan grande que la Corte estableció que solo se levantará cuando los indicadores de La Guajira se acerquen al promedio nacional. Es decir, el Estado sigue jurídicamente en deuda.
Sería injusto y poco riguroso negar que hoy existen avances que se parecen, por primera vez, a aquel bloque de búsqueda humanitario que reclamábamos hace doce años; intervención del Hospital San José de Maicao, creación de salas de Recuperación Nutricional, hospital de campaña en Nazareth, equipos extramurales (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos) recorriendo territorios históricamente abandonados. Y los resultados muestran cambios importantes, entre 2022 y 2024, las muertes por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira se redujeron cerca del 50%, pasando de 49 a 24 casos. En municipios priorizados, el Ministerio de Salud reporta reducciones de hasta 67% en mortalidad por desnutrición. Estos datos son relevantes. Indican que cuando el Estado sí llega, hay impacto. En ese sentido, hoy sí existe —aunque incompleto— algo parecido al bloque de búsqueda que pedíamos.
Pero, aquí está la otra verdad, que no puede maquillarse. La brecha sigue siendo escandalosa. A pesar de los avances, La Guajira sigue siendo el departamento con más casos de desnutrición aguda del país con más de 2.800 casos reportados en 2023. Esto significa que hay menos muertes; sí, pero sigue habiendo más niños enfermos que en cualquier otro territorio. La crisis ya no es solo de mortalidad, es de enfermedad, precariedad y riesgo permanente. La T-302 sigue vigente precisamente por eso, porque la reducción de muertes no borra décadas de acumulación de desigualdad, abandono y daño institucional.
En pleno invierno, la Alta Guajira se vuelve intransitable. Sacar un niño grave por trochas puede significar su muerte en el camino. Muchos pacientes deben ser evacuados por vía marítima hasta Bahía Portete o Uribia, y luego por carretera hasta Maicao. Que un helicóptero para salvar un niño se vuelva noticia muestra el problema, la excepción mediática no puede reemplazar una política pública permanente. En La Guajira, durante décadas, la geografía no fue solo una dificultad; fue convertida en sentencia de muerte por la ausencia del Estado.
La polémica por las lanchas ambulancias medicalizadas revela el centralismo que desconoce el territorio. En una península con comunidades costeras, rancherías dispersas y vías inexistentes, una motonave no es improvisación, es adaptación territorial. El verdadero escándalo no son ellas. El verdadero escándalo es que durante décadas no hicieron las carreteras.
Resulta profundamente cínico escuchar al senador Alfredo Deluque Zuleta —hijo del exgobernador Hernando Deluque Freyle— descalificar estas embarcaciones como “pañitos de agua tibia”, cuando su clan político fue protagonista del saqueo de la salud y de los recursos de la primera infancia en La Guajira. Doce años en el Congreso sin gestionar la vía a la Alta Guajira. Doce años de silencio estructural. Y ahora críticas como si no existiera responsabilidad histórica.
Hoy hay que decirlo con precisión histórica y ética, el bloque de búsqueda para la vida empezó a llegar. Los equipos extramurales, los hospitales de campaña y las intervenciones recientes se parecen mucho a lo que reclamábamos hace doce años. Pero, también hay que decirlo sin anestesia: llegó tarde para miles de niños.
Llegó después del saqueo. Llegó después de décadas de indiferencia.
Llegó después de demasiadas tumbas anónimas. La reducción de muertes muestra que el problema nunca fue técnico, fue político. Cuando el Estado quiere llegar, llega. Cuando quiere invertir, invierte. Cuando quiere salvar, salva. La pregunta que sigue abierta no es si se puede. La pregunta es por qué tuvo que morir tanta niñez wayuú para que el país empezara, por fin, a actuar como si esas vidas también importaran.
