No hay dudas, la Alta Guajira requiere con suma urgencia un plan vial que pueda interconectar a esa región desértica y abandonada con el resto del país, especialmente en las temporadas invernales en donde sus habitantes quedan atrapados por el desbordamiento de arroyos y las mismas carreteras que se transforman en ríos peligrosos.
El invierno pasado marcó el punto de inflexión de algo muy conocido: el aislamiento y la muerte de personas enfermas que no pudieron ser llevadas a clínicas y hospitales, por falta de vías.
Esa fue la razón para que el Gobierno nacional determinara comprar dos ambulancias medicalizadas para poder llevar pacientes hacia los centros hospitalarios de Riohacha y Maicao.
Claro, se requiere con urgencia la reactivación del proyecto para terminar la carretera circunvalar desde el casco urbano de Uribia, que comunique con Puerto Bolívar, Bahía Honda, Bahía Hondita, Paraíso, La Unión, Puerto Estrella, Nazareth, bordee la Macuira, para llegar a Castillete, Flor de La Guajira, Siapana, Cerro de la Teta y retornar nuevamente a la zona urbana del municipio más grande de La Guajira.
Ese es el sueño. La realidad es que las obras de esa vía se encuentran paralizadas. Se han quedado sepultadas en una disputa política en donde parece que chocan las ideas del senador Alfredo Deluque, gestor de la obra, y las del presidente Gustavo Petro.
Hace años, los gobiernos de La Guajira fueron vilmente engañados cuando desde Bogotá enviaron casi 10 lanchas para atender, supuestamente, las necesidades de transporte de pacientes. Se equivocaron, al menos eso pensamos. Trajeron lanchas fluviales a un territorio en donde no existen ríos navegables, solo 407 metros de costas marítimas.
Ese recuerdo y la falta de credibilidad en los gobiernos centrales, quizás fueron la mecha para encender una tremenda polémica marcadas por las dudas y el deseo de deslegitimar el uso de las dos lanchas que van a operar, una en Puerto Estrella y la otra en Bahía Honda, para recibir pacientes remitidos en temporadas invernales.
La polémica se agudizó cuando circularon imágenes de las embarcaciones fuera de su entorno natural, estacionadas en tierra firme, lo que dio pie a lecturas erróneas, montajes y cuestionamientos sobre su utilidad real. La narrativa pública se desplazó rápidamente del análisis técnico al juicio político, sin que mediara una explicación clara y oportuna de las autoridades responsables. El resultado fue previsible: sospecha, burla y desgaste institucional.
Las lanchas pueden ser parte de la respuesta, pero solo si van acompañadas de planeación rigurosa, control institucional y una comunicación honesta.
La Alta Guajira no necesita símbolos ni anuncios grandilocuentes. Necesita soluciones sostenibles, adaptadas a su realidad cultural y territorial, y, sobre todo, transparencia. Cada inversión pública en esta región debe resistir el escrutinio ciudadano, no por desconfianza gratuita, sino porque la historia ha demostrado que los errores se pagan con vidas.