La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, tras hallarlo responsable de irregularidades en un contrato relacionado con una cárcel provisional para mujeres en el área metropolitana de la ciudad.
Con esta decisión, la suma total de inhabilidades contra el exmandatario asciende a 22 años, al sumarse a una sanción previa de 12 años por participación indebida en política, lo que le impediría aspirar a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas hasta la década de 2040.
El ente de control disciplinario señaló que la falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, al considerar que Dau omitió su deber de control y vigilancia sobre el contrato, lo que derivó en un detrimento patrimonial superior a los 1.900 millones de pesos.
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Irregularidades en contrato de cárcel provisional
La investigación disciplinaria se originó por un contrato de arrendamiento suscrito en 2020 para una sede destinada a la Cárcel Provisional de Mujeres en un predio ubicado en la conurbación entre Cartagena y Turbaco. Según la Procuraduría, el Distrito pagó arriendo por un área de 5.000 metros cuadrados, aunque las visitas técnicas evidenciaron que el inmueble ocupaba una extensión menor, lo que generó sobrecostos y afectación a los recursos públicos.
El fallo también señala que el inmueble no contaba con condiciones adecuadas de servicios públicos y presentaba riesgos por su ubicación cercana a una estación de combustible, además de inconsistencias en avalúos y documentación contractual. La Procuraduría concluyó que el entonces alcalde incumplió los principios de moralidad administrativa y austeridad económica al no verificar estudios previos ni soportes técnicos.
¿Qué sigue tras la sanción disciplinaria?
La decisión fue emitida en primera instancia y puede ser apelada por el exalcalde ante las instancias correspondientes. El Ministerio Público reiteró que la sanción busca garantizar la responsabilidad de los funcionarios públicos en la contratación estatal y proteger los recursos del erario.
La nueva inhabilidad se suma a otras sanciones disciplinarias impuestas previamente al exmandatario por distintos hechos durante su gestión, lo que consolida un acumulado de más de dos décadas de restricciones para ejercer cargos públicos.
