Siento que el conflicto armado que nos ha marcado por más de medio siglo es mucho más que una serie de acontecimientos y batallas; es la herida más profunda y compleja de nuestra identidad reciente. Honestamente, creo que es imposible entender esta tragedia si nos miramos solo el ombligo; necesitamos levantar la vista hacia lo que pasaba en el mundo con la Guerra Fría y, sobre todo, reconocer esas desigualdades internas que ya nos desgarraban a mediados del siglo pasado.
Personalmente, considero que el impacto de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 fueron detonantes decisivos. Tengo la impresión de que la victoria de Fidel Castro sembró en América Latina la ilusión de que el cambio radical a través de las armas no solo era posible, sino necesario. Aquí en Colombia, ese clima de polarización mundial se mezcló peligrosamente con nuestras viejas deudas sociales. Fue en ese caldo de cultivo donde nacieron guerrillas como las Farc y el ELN. Sin embargo, me planteo siempre el mismo dilema ético: la violencia, aunque nazca de reclamos legítimos, termina trágicamente convirtiéndose en el verdugo de los mismos ideales que juró defender.
Por otro lado, el Frente Nacional, aunque se vendió como la cura para la violencia bipartidista, terminó siendo un remedio amargo. Si bien es cierto que el pacto entre liberales y conservadores nos trajo una calma institucional, creo firmemente que el precio fue demasiado alto: silenciar a todos los que no cabían en esos dos colores. Esa exclusión no fue solo un asunto de votos; se sintió en la calle, en la marginalidad y en la frustración de no tener canales democráticos reales.
Hay un punto que me parece particularmente grave: el Decreto 3398 de 1965. Al permitir que civiles se armaran bajo la tutela del Estado, siento que cometimos un error histórico garrafal que pavimentó el camino para el paramilitarismo. Esta decisión demuestra una miopía política aterradora y una falta de visión de futuro cuyas consecuencias, lamentablemente, seguimos pagando hoy con sangre, despojo y un tejido social roto.
Sin embargo, no todo fue oscuridad. Entre 1966 y 1976, me emociona recordar que el país vivió un despertar social vibrante. Estudiantes y campesinos alzaron su voz contra la desigualdad. En este escenario, me llama la atención el papel del M-19. A diferencia de las guerrillas del monte, ellos supieron leer la ciudad y conectar con la juventud de una manera distinta, más simbólica. Su posterior aporte a la Constitución del 91 me confirma que las transformaciones reales se logran con la palabra y la política, no con las balas.
Estoy convencido de que nuestra historia es una mezcla dolorosa de decisiones torpes, exclusión eterna. Pasar de matarnos por colores políticos a un conflicto de múltiples actores nos obliga a ser humildes y aceptar que las soluciones simplistas no sirven para problemas tan enredados.
En el fondo, pienso que la gasolina de esta guerra siempre fue la falta de reformas estructurales: la exclusión política, la tierra que nunca se repartió y la justicia que nunca llegó. La experiencia me ha enseñado que la guerra en Colombia no es solo un asunto de militares; es el grito desesperado de unas fallas económicas y sociales que nos negamos a corregir durante décadas.
Finalmente, me atrevo a decir que nuestro mayor desafío hoy no es solo silenciar los fusiles, sino desarmar los espíritus. Tengo la esperanza de que somos una generación capaz de perdonar sin olvidar. Creo sinceramente que la paz verdadera se construye en la cotidianidad, cuando decidimos mirar al adversario y reconocer en él a otro ser humano que, al igual que nosotros, también ha sufrido el peso de esta historia compartida.
Por eso, muchos años después, sé que ese cuento según el cual con el poder de las armas se puede alcanzar la paz no es cierto: ya lo vivimos durante más de sesenta años de guerra. Buscar otros caminos no es una opción, es una necesidad histórica.
