La secretaria de Hacienda del Distrito de Riohacha, Katine Avellaneth Olarte Mejía, aseguró que «la situación financiera de la ciudad representa un desafío significativo», pero aclaró que «no es insostenible», y que la administración distrital avanza en un proceso técnico para definir el camino más viable que permita superar la crisis económica y cerrar de manera responsable el actual periodo de gobierno.
En entrevista concedida a Cardenal Stereo, la funcionaria explicó que la deuda del Distrito se ha acumulado durante casi una década, desde aproximadamente 2015, y está conformada por múltiples conceptos, entre ellos inversión pública, acreencias laborales y obligaciones pensionales. Frente a este panorama, indicó que la estrategia trazada por la administración, bajo la orientación del alcalde Genaro Redondo, es realizar un análisis detallado e inventario completo de las obligaciones, con el fin de establecer el nivel real de sostenibilidad financiera.
Olarte precisó que uno de los ejes centrales de la estrategia es la maximización de los recursos propios, destacando que el municipio logró ascender de categoría, lo que fortalece su capacidad fiscal. No obstante, destacó la necesidad de mantener la categoría distrital, lo cual exige cumplir requisitos financieros más estrictos.
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Sobre la posibilidad de acogerse a la Ley 550, la secretaria de Hacienda fue enfática en señalar que esta opción no ha sido descartada, pero que requiere un proceso previo riguroso. “Antes de tomar una decisión de esa magnitud, el Distrito debe tener claridad sobre qué tiene, hacia dónde va y en qué condiciones se encuentra, para sustentar tanto la inversión como el pago de las acreencias”, afirmó.
En cuanto a los tiempos, indicó que actualmente la administración se encuentra en corte de vigencia fiscal, razón por la cual los estudios aún no están concluidos, aunque el análisis ya está en marcha. Finalmente, frente a las demandas judiciales, que superarían los 139 mil millones de pesos, explicó que ese monto corresponde al universo total de la deuda, parte de la cual cuenta con fuentes específicas de pago y otra presenta escenarios de defensa jurídica favorable para el Distrito.
La funcionaria concluyó que, una vez finalizado el inventario, se definirá si la Ley 550 es necesaria o si existen otras alternativas para recuperar el equilibrio financiero de Riohacha.
