El año 2025 se despidió con un incremento del 23.6% sobre el salario mínimo vigente que oscilaba en $1.400.000. El nuevo aumento rige a partir del primero de enero de 2026 con un valor de $1.750.000, y con el anexo del auxilio de transporte suma dos millones, cifra no agradable para muchos empleadores que pusieron el grito en el cielo, amenazando algunos con despidos masivos por motivos de insostenibilidad y demandas de nulidad.
Durante el término de concertación, empresarios, sindicatos y Gobierno no lograron ponerse de acuerdo. Los representantes de los trabajadores proponían un incremento del 16%. Los empleadores se cerraron en una sola propuesta fundamentada de acuerdo a la inflación de 7.6%. El Gobierno tenía la última palabra para determinar el salario mínimo por no haber llegado los empleadores y trabajadores a un acuerdo concertado. Los empleadores abandonaron los diálogos por no lograr incrementos inferiores al decretado por el Gobierno, que sumó las dos propuestas pero no restó, ni dividió, dando como resultado la implementación de una tarifa histórica equivalente al 23.6%.
La tarifa más alta decretada en Colombia fue del 27% por parte del presidente Virgilio Barco y que rigió en el año 1989. Ahora se ubica en segundo lugar la decretada por el presidente Gustavo Petro para el año 2026. Las tarifas más bajas fueron 3.50 en el año 2021 durante el Gobierno de Iván Duque, 3.60 en el año 2010, 4.0 en el 2011 bajo el mandato de Álvaro Uribe y 4.13 en 2013 en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Hasta el año 2001 los incrementos del salario mínimo estaban tarifados sobre el 10% anual.
Los incrementos estuvieron por debajo de esa tarifa durante 20 años, retornando en el 2022 en 10.07% y se ha mantenido en el Gobierno de Gustavo Petro. Se ha tomado como base para liquidar el salario mínimo la inflación que genera la vigencia fiscal, pero no se controla la obligatoriedad de imponer la misma tarifa a los elementos de consumos de la canastas familiar, de productos naturales y elaborados, servicios públicos domiciliarios y transportes, que generan más de un incremento al año desajustando el aumento del salario mínimo. Mientras los asalariados recibían incrementos de $30.000 o $40.000 mensuales, los precios de los productos se elevaban desnivelando los ajustes promediados cada año, por falta de control del Gobierno a la actividad comercial y de servicios.
El alza del salario mínimo causó desconcierto antes de que terminará el año 2025, anunciando demandas al Decreto ante el Consejo de Estado, una vez reinicien labores después de las vacaciones colectivas del poder judicial, pidiendo la nulidad y dejando un vacío relativo al nuevo incremento que puede establecer la autoridad judicial, por falta de competencia y por inexistencia de leyes que determinen los parámetros, elementos componentes y tarifas variables mínimas y máximas, que puedan aplicarse en los incrementos salariales mínimos anuales. Después de 20 años de descompensaciones en los incrementos del salario mínimo por debajo del 10%, algunos años con aumentos del tres y cuatro por ciento, el último 3% en el año 2021, fue justificado por motivo de la pandemia del Covid-19, y admitido por los trabajadores sin reproches, ni alarde por parte de los afectados.
La llegada del Año Nuevo trajo consigo la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de invadir el espacio marítimo, aéreo y terrestre de la República Bolivariana de Venezuela, bombardeando el territorio con el objeto de capturar al presidente Nicolás Maduro, tildado de narcotraficante y miembro del cartel de los Soles. Los efectos de la invasión no solo dan como resultado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, sino que masacraron a más de un centenar personas, militares y civiles, entre las que se contabiliza una colombiana oriunda del departamento de Bolívar. También quedaron muchas personas heridas.
La mayoría de los muertos conformaban parte del anillo de seguridad, integrado por cubanos, iraníes y venezolanos. Los civiles residían en fincas vecinas al lugar donde capturaron al presidente, como ocurrió con la compatriota colombiana y su hija, que quedó herida.
El presidente Trump, desde el mes de agosto, bloqueó el territorio marítimo en el Caribe venezolano, sindicó al presidente Nicolás Maduro de narcotraficante, recalcando que ejercía un Gobierno ilegítimo, le dio tiempo para separarse del mandato, con el perdón de persecución, pero ofertando de manera pública 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro.
También ordenó a la CIA que ejecutaran toda clase de acciones y operaciones para destronar el régimen Chavista, que perdió las elecciones democráticas y aún continúa gobernando. En vista que Maduro se resistía a dejar el poder, montaron un teatro para capturarlo y lo lograron, generando el júbilo de los venezolanos en el exilio. Muchos esperaban que también fueran capturados Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, por quienes el Gobierno americano ofrece 25 millones de dólares. Lo curioso del asunto es el encargo presidencial de la vicepresidente Delcy Rodríguez, utilizada por Donald Trump para tragar sapos, generando traumatismo y toda clase de sentimiento en el régimen socialista, que oscurecen el panorama político por imposiciones, cumplimiento de obediencia, traiciones, intereses, persecuciones e incertidumbre en un ambiente convulsionado, fácil de controlar por el Gobierno de Trump, repelando explosiones violentas en prevención de tragedias humanas continuadas.
El cuento del narcotráfico para capturar a Nicolás Maduro, era un parapeto. El principal objetivo era aprovechar las circunstancias anárquicas que embargan a Venezuela, para destronar el chavismo del Gobierno, ejercer dominio absoluto y apropiarse de riquezas territoriales como petróleo, gas, oro, diamantes, carbón, hierro, cobre, coltán, bauxita y tierras raras, ejerciendo y direccionando un mandato sin oposición, utilizando miembros del antiguo Gobierno, al Gobierno transitorio, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que funge como presidenta interina de Venezuela en un proceso de transición.
Aun cuando en principio ignoró las acciones de María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025, cabeza del liderazgo de la oposición venezolana, logrando con éxito ganar la pasada elección popular a la Presidencia de Venezuela, perseguida tajantemente por el régimen socialista, confirmando el mandato ilegal de presidente a Nicolás Maduro, que solidariamente se vio afectado por falta de apoyo popular frente a las amenazas previas a la invasión y captura. Donald Trump ordenó liberar los presos políticos y reconsiderar la participación de María Corina Machado, quien en agradecimiento humillante, ofreció transferir el premio para contentar al presidente Trump, lo cual no es posible porque el Nobel ya fue recibido. A la vez, se despachó a su favor con 50 millones de barriles inicialmente, consagrándose como único vendedor y despachador del petróleo venezolano, ignorando acreedores del Gobierno de Maduro como China, Rusia e Irán, que reciben pagos en hidrocarburo.
