La Fiscalía General de la Nación anunció la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios…
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La Fiscalía General de la Nación anunció la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los involucrados en el escándalo del contrato de Centros Poblados, suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Según el ente investigador, entre los afectados figuran Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como algunos de sus familiares. Los activos, cuyo valor conjunto supera los 65.900 millones de pesos, corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.
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Las propiedades se encuentran ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, y habrían sido adquiridas, de acuerdo con la Fiscalía, con recursos provenientes de las irregularidades detectadas en el proceso contractual y del anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados.
La entidad precisó que las medidas, ordenadas por un fiscal especializado en extinción de dominio, tienen carácter estrictamente jurídico y buscan salvaguardar y recuperar los recursos públicos comprometidos en el proyecto, que contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. Estas decisiones se adoptaron bajo las causales de equivalencia, mezcla y destinación, ante la imposibilidad de rastrear la totalidad de los dineros desviados.
