La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades cometidas en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19. El ente acusador señaló que el exmandatario habría vulnerado la normatividad vigente al suscribir el contrato 01 del 26 de marzo de 2020, valorado en 445 millones de pesos, destinado a la entrega de 800 kits de ayuda humanitaria para población afectada por el conflicto armado.
De acuerdo con la investigación, el contrato fue adjudicado a una empresa relacionada con un presunto financiador de la campaña de Palacios, lo que habría configurado un posible conflicto de intereses. Por estos hechos, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema lo imputó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que no fue aceptado.
El ente investigador también revisa otro proceso: el contrato 003, firmado el 3 de abril de 2020 por 220 millones de pesos, para adquirir elementos de protección personal bajo urgencia manifiesta. Aunque este mecanismo permite la contratación directa, la Fiscalía cuestionó la falta de soporte técnico, inconsistencias en documentos y deficiencias en la selección del proveedor. Además, el exgobernador habría enviado a la Contraloría la documentación exigida solo después de que fue requerida formalmente.
A estos señalamientos se suma un pliego de cargos de la Procuraduría, formulado en noviembre de 2024, por retrasos e incumplimientos en obras viales financiadas con más de 13.000 millones de pesos en regalías. El caso continúa en etapa judicial y será la autoridad competente la que determine su responsabilidad.
