Ante el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, las organizaciones ABC Colombia y Colombian Caravana, compuesta por juristas de Londres, radicaron un concepto de respaldo en condición de intervinientes dentro del proceso que surtió ante la Corte Constitucional del que se dictó sentencia por la desviación del arroyo Bruno.
En tal sentido, se precisa que el desvío del afluente constituía una violación a los derechos fundamentales al agua, la salud y la seguridad alimentaria de los miembros de las comunidades wayuú de Paradero y la Gran Parada, e indicó que los demandados debían remediarlo mediante la ejecución de diversas órdenes.
El documento tiene por objeto apoyar a la autoridad judicial en la determinación de las cuestiones del caso, a través del abordaje de las normas y estándares del derecho internacional humanitario y del derecho ambiental internacional más relevantes.
“No se aborda el marco jurídico nacional ni el fondo de la reclamación subyacente”, se indica en el documento. A renglón seguido, dice que está estructurado en tres partes: el derecho a un medio ambiente sano y su relación con los derechos al agua, alimentación, salud y cultura, incluyendo el respeto por los pueblos indígenas en virtud de las normas de derechos humanos.
También se plantea los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, en virtud de las normas de derechos humanos.
De acuerdo al colectivo de abogados, Iván Alvear, las organizaciones internacionales radicaron el documento donde plantean la necesidad de brindar una protección efectiva de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud a las comunidades wayuú por la desviación del arroyo Bruno por parte de la empresa Cerrejón.
Los juristas extranjeros se refieren básicamente a la aplicación del principio de precaución ambiental para que se conceda la medida provisional en favor del retorno de las aguas al cauce natural.
