El Gobierno de Venezuela negó este domingo la existencia de una “crisis humanitaria” relacionada con los ciudadanos colombianos que permanecen detenidos en su país, luego de que la Cancillería colombiana informara que son al menos 40 los connacionales privados de la libertad en el vecino país.
Rander Peña, vicecanciller venezolano para América Latina, aseguró que en su nación “no existe ninguna crisis humanitaria”, sino un Estado de derecho actuando frente a personas procesadas por la justicia. Según sus declaraciones, la mayoría de los detenidos estarían vinculados a estructuras paramilitares que habrían ingresado a territorio venezolano con fines violentos.
“El Estado venezolano ha actuado con la firmeza que exige la ley y el deber de preservar la paz. Ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía”, manifestó Peña en un mensaje dirigido al viceministro colombiano de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir. Además, le pidió evitar la llamada “diplomacia de micrófonos”, que, según dijo, deteriora las relaciones bilaterales entre ambos países.
El funcionario, quien también es secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), sostuvo que Venezuela “no agrede, pero tampoco se deja agredir” y que la defensa de la república “no es una opción, sino un deber histórico”.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia continúa adelantando gestiones para atender lo que considera una situación humanitaria. En un encuentro realizado en Villa del Rosario, Norte de Santander, el viceministro Jaramillo se reunió con funcionarios del Gobierno, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos de sus allegados y la falta de acceso a procesos judiciales regulares.
Durante la reunión, se acordó insistir ante el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio en la necesidad de reunirse con las familias afectadas, además de preparar un borrador de misión humanitaria que será presentado el próximo 16 de octubre para establecer canales de comunicación con las autoridades venezolanas.
Entretanto, un grupo de familiares de los detenidos protestó el sábado en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, exigiendo la liberación de los presos y denunciando las difíciles condiciones de reclusión en las que se encuentran.
