La audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue suspendida luego de que su defensa solicitara aplazar el proceso. Según informó el…
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La audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue suspendida luego de que su defensa solicitara aplazar el proceso. Según informó el abogado Alejandro Carranza, no pudo asistir debido a compromisos personales y laborales previamente adquiridos.
La diligencia, prevista para este 1 de octubre, buscaba imputar a Petro por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Sin embargo, al no contar con la presencia de su representante legal, el juez decidió postergar la audiencia, señalando que la nueva fecha se fijará después del 10 de noviembre.
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Carranza explicó que la programación coincidía con tres compromisos inaplazables: una audiencia de alegatos de conclusión en un caso en el que representa al presidente de la República como víctima, y dos citaciones ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes vinculadas a denuncias en las que también actúa como apoderado del jefe de Estado. La defensa había advertido desde el 8 de septiembre que cualquier diligencia debía programarse después del 8 de noviembre, pero el Centro de Servicios Judiciales fijó la audiencia para el 1 de octubre.
Los cargos que se imputarán a Nicolás Petro se relacionan con actuaciones presuntamente irregulares cuando ejercía funciones como diputado del Atlántico. La Fiscalía sostiene que habría intervenido en la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones mediante la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
El delito de tráfico de influencias es considerado central en la investigación, ya que la Fiscalía alega que Nicolás Petro habría aprovechado su condición de hijo del presidente para influir en altos despachos del Gobierno y facilitar supuestos nombramientos en entidades públicas.
Los otros cargos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, se derivan de las mismas actuaciones presuntamente ilegales durante su periodo como diputado.
