En diálogo con Cardenal Stereo, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, alertó sobre la crítica situación financiera de la empresa Air-e, un año después de haber sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Según explicó, lejos de mejorar, la intervención ha profundizado los problemas de la compañía, que hoy acumula deudas por más de 3,6 billones de pesos.
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“Cuando se interviene una empresa es para rescatarla, para darle oxígeno. En este caso, la Superintendencia se ha convertido en parte del problema”, afirmó Acosta, al señalar que la deuda solo con las generadoras de energía asciende a 2,4 billones de pesos, comprometiendo la sostenibilidad del sistema y poniendo en riesgo la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El exministro recordó que, durante la intervención, la entidad ha designado cuatro agentes interventores y tres superintendentes, sin lograr estabilizar la compañía. De hecho, de acuerdo con un informe citado en la entrevista, la deuda pasó de 1,9 billones antes de la intervención a 3,6 billones actualmente, sin contar las obligaciones con los generadores.
Acosta también cuestionó la intención del Gobierno Nacional de avanzar hacia la liquidación de Air-e, advirtiendo que esta decisión tendría serias consecuencias. Entre ellas, la eliminación de la circular expedida en diciembre pasado por la Superintendencia, que obliga a los generadores a seguir despachando energía a pesar de la morosidad de Aire. “Si se liquida, los generadores tendrán manos libres para decidir si continúan o no con el suministro, lo que podría agravar la situación”, explicó.
Otro efecto, dijo, sería la suspensión de pagos a los acreedores, quienes verían nuevamente congeladas sus deudas. “Los pasivos, que ya superan con creces los que existían al momento de la intervención, quedarían en el limbo”, añadió.
Sobre posibles reemplazos para la operación, mencionó que el Gobierno ha sugerido a Gecelca, empresa estatal de generación, pero advirtió que la Ley 143 de 1994 impide la integración vertical del sector eléctrico, lo que impediría que una generadora asuma la distribución.
“La pregunta no es solo quién va a reemplazar a Air-e, sino cómo se garantizará la continuidad del servicio sin poner en riesgo la estabilidad financiera de todo el sistema”, concluyó Acosta.
