El procurador general, Gregorio Eljach, informó este miércoles que la Procuraduría examinará en detalle la primera sentencia proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exintegrantes del Secretariado de las extintas FARC. El fallo, emitido en Bogotá, sanciona a siete antiguos comandantes por su responsabilidad en secuestros cometidos entre 1993 y 2012.
Eljach explicó que la entidad aún no ha recibido oficialmente el texto completo de la decisión, pero que un equipo de procuradores delegados ya fue designado para realizar un análisis “exhaustivo y minucioso”. No descartó la posibilidad de interponer un recurso de apelación.
La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP impuso sanciones propias de ocho años a Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Las medidas incluyen la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario, proyectos ambientales y actos de reparación simbólica a las víctimas.
Aunque no contemplan penas de prisión, los comparecientes deberán cumplir restricciones de movilidad, residencia y trabajo, además de permanecer bajo monitoreo electrónico. Su cumplimiento será supervisado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU, con apoyo del Gobierno Nacional.
La JEP calificó esta decisión como histórica, al tratarse de la primera vez que los máximos responsables de la política de secuestros de las FARC enfrentan una condena judicial, en un país donde la impunidad por este delito superaba el 90%. El tribunal precisó, además, que se emitirán nuevas sentencias contra otros bloques de la antigua guerrilla, que ya cuenta con 41 exintegrantes imputados por secuestro, todos ellos con aceptación de responsabilidad.
