El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao admitió una acción de tutela promovida por el docente Yair José Guerrero Navarro y 150 maestros más, contra la Alcaldía municipal, el Ministerio de Educación y la Administración Temporal de Educación, que busca la protección de los derechos fundamentales vulnerados a alrededor de 500 etnoeducadores.
Los docentes reclaman el pago de servicios que prestaron al municipio antes de ser nombrados y cuyo monto llega a los 1.000 millones de pesos.
De acuerdo a los demandantes, desde diciembre de 2019, Óscar Fernando Niño Orjuela manifestó que la Secretaría de Educación municipal y la Administración Temporal se encontraban adelantando una serie de actividades tendientes a depurar e identificar los pasivos pendientes de cancelación por parte de la entidad territorial, por compromisos contractuales suscritos con anterioridad a entrada en vigencia de la medida correctiva.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha adelantado ninguna actividad al respecto.
Además, el alcalde Mohamad Dasuki guarda silencio pese a cursar en su despacho un derecho de petición desde hace tres meses.
“No dan una respuesta de fondo a nuestras peticiones, evadiendo la responsabilidad en cuanto a la solidaridad que tiene la Administración Temporal junto con la Alcaldía de pagarnos la deuda del contrato para la nivelación de horas académicas a los etnoeducadores de Maicao, y se limita entonces la Administración Temporal a copiar y pegar el decreto No. 2613 de 13 de julio de 2009, reglamentario del Decreto Ley 028 de 2008, en sus artículos 3º y 6º como si copiando y pegando estuviera dando respuesta a las peticiones, violando así no solo los derechos fundamentales de petición y mínimo vital al accionante, sino los de más de 500 docentes que prestamos nuestros servicios al pueblo wayuú en la zona rural”, señalaron los educadores.
Por ello, exigen que les digan quién responderá y a dónde fue a parar ese recurso.
