La Guajira y el Cesar, los dos grandes productores de carbón en Colombia, comenzarán a vivir tiempos más difíciles en su hacienda, debido a las medidas del presidente Gustavo Petro Urrego, de suspender las exportaciones del mineral hacia Israel.
Eso es un razonamiento obvio, pero no solo Colombia es proveedor de este combustible para Israel, también lo hacen los países asiáticos y africanos, que priorizan su economía, frente a las guerras externas que se libran en diferentes regiones.
La decisión del presidente Petro, podría aumentar el flagelo del hambre y por ende las muertes por desnutrición en estas dos regiones del extremo norte de Colombia.
Para mostrar un claro ejemplo, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, Colombia exportó aproximadamente 1.240.395 toneladas de carbón a Israel, por un valor cercano a 100 millones de dólares.
La Asociación Colombiana de Minería –ACM- en su último congreso de Cartagena, hace un par de semanas, entregó unos estimativos en donde establece que estos dos departamentos, La Guajira y Cesar, dejarían de recibir más de 100.000 millones de pesos colombianos, unos 25–30 millones de dólares si se frenarán totalmente esas exportaciones.
Según las estadísticas mostrada por la ACM, el carbón representaba el 84 % de las exportaciones colombianas hacia Israel al cierre de 2024, lo que se traduce en ventas externas de carbón a ese país, constituían el 5 % del total del valor de exportaciones de carbón colombiano.
El impacto financiero para La Guajira es más crítico, debido a que su PIB, depende exclusivamente de la parte extractiva – carbón y gas-. Estos recursos permiten el pago de la gratuidad a la educación superior y básica primaria, apoyo a programas nutricionales y desarrollo de obras como agua potable.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, radicó ante el Consejo de Estado, una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto Reglamentario 949 del 28 de agosto de 2025, que ordenó suspender el envío de carbón a Israel.
Los gremios esperan un fallo positivo del Consejo de Estado, al considerar que la sanción es unilateral, de carácter punitivo e ideológico, sin respaldo legal ni justificación técnica, violando compromisos internacionales, pero además se violan Tratados de Libre Comercio, además de no existir un fallo de autoridad internacional competente que justifique suspenderlo.
Para la congresista, el Gobierno tomó una decisión con consecuencias económicas, fiscales y reputacionales irreversibles, y lo ha hecho sin pasar por el Congreso ni permitir deliberación democrática, ni respetar las reglas del derecho internacional público.
En lo regional, se espera que la Secretaría de Hacienda en La Guajira, emita un análisis sobre las causas y consecuencias que traerá la decisión para este Departamento.
