La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, tras comprobar que vulneró principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la expedición de pasaportes.
De acuerdo con el fallo, la decisión adoptada por Leyva carecía de sustento jurídico y no perseguía la garantía de la selección objetiva, obligación que debía observar en el proceso contractual.
El órgano de control precisó que la licitación no podía ser anulada bajo el argumento de contar con un único proponente, ya que este cumplía cabalmente con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Pese a ello, el entonces canciller optó por invalidar el proceso, contraviniendo los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
La Procuraduría calificó la conducta del exfuncionario como una falta gravísima cometida con dolo y dejó en firme la sanción impuesta, al tratarse de un fallo en segunda instancia que no admite recurso alguno.
Con esta determinación, Leyva queda impedido para ejercer cargos públicos durante la próxima década.
