En medio de la crisis que atraviesa la Fuerza Pública tras la reciente emboscada en Amalfi (Antioquia), donde murieron 13 policías, un nuevo ataque se registró este fin…
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En medio de la crisis que atraviesa la Fuerza Pública tras la reciente emboscada en Amalfi (Antioquia), donde murieron 13 policías, un nuevo ataque se registró este fin de semana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Esta vez, un buque de la Armada Nacional fue blanco de un atentado con drones cargados de explosivos.
El hecho ocurrió en el sector de Santa Bárbara y quedó grabado en las cámaras de seguridad de la embarcación, que además captaron a los responsables huyendo en una lancha rápida. El artefacto impactó la cubierta del buque, lo que obligó a un despliegue inmediato de tropas de la Armada y el Ejército para asegurar la zona. A pesar de la magnitud del ataque, no se reportaron bajas ni heridos de gravedad entre el personal militar.
La ofensiva reabre el debate sobre las capacidades del país para enfrentar esta amenaza. Aunque Colombia adquirió el sistema antidrones Tactical C2, por un valor de 25.352 dólares (cerca de 102 millones de pesos), este no estaría funcionando correctamente. Según el general Federico Mejía, comandante de la III División del Ejército, el sistema requiere una actualización para operar en las frecuencias actuales usadas por los drones comerciales y de uso ilegal.
Expertos advierten que el Ministerio de Defensa debe priorizar con urgencia la modernización de estas tecnologías. El coronel en retiro Carlos Soler recalcó que los recursos deben liberarse de inmediato para proteger a los uniformados: “De esto depende la vida de nuestros hombres”.
