En las próximas horas, el exsenador sucreño Álvaro Alfonso García Romero, condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, abandonará la cárcel La Picota de Bogotá tras recibir libertad provisional otorgada por la Corte Suprema de Justicia. La medida se concedió bajo una caución de 10 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a cerca de 14 millones de pesos.
El beneficio se produjo debido a que, desde la formulación de la acusación en su contra por el delito de desplazamiento forzado, han transcurrido cerca de ocho años sin que el juicio haya concluido. Sus abogados defensores, Luis Felipe Aguirre Vásquez y Santiago Aguirre Ossa, señalaron que esta decisión responde al respeto del debido proceso, el cual —aseguran— debe aplicarse a cualquier ciudadano. Desde la libertad, García Romero enfrentará la fase de juicio, en la que se prevé la práctica de nuevas pruebas y la convocatoria a audiencias por parte de la Corte.
La defensa sostiene que la imputación basada en la figura de “autoría mediata por aparato organizado de poder” carece de sustento probatorio, afirmando que todos los testigos que han declarado en el proceso lo han desvinculado de pertenencia alguna a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) – Bloque Montes de María. Paralelamente, están en curso al menos seis recursos de apelación por la libertad, uno por la variación de la calificación de la conducta y otro por la no admisión de pruebas testimoniales.
En un comunicado, los abogados también respondieron a una investigación disciplinaria que se adelanta en su contra, asegurando que han ejercido la defensa con respeto a los estamentos judiciales y utilizando únicamente herramientas jurídicas legítimas. Negaron cualquier maniobra dilatoria, argumentando que el auto que ordena la compulsa de copias presenta inconsistencias jurídicas y fácticas frente al contenido del expediente.
Este nuevo proceso mantiene la atención pública debido a la relevancia del caso Macayepo, uno de los episodios más recordados del conflicto armado en la región de los Montes de María, y a la trayectoria política del exsenador, cuya situación judicial sigue siendo objeto de debate.
