La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Salamina, Magdalena, un informe sobre las acciones y gestiones administrativas que se han realizado para enfrentar el riesgo que representa la continuidad de la operación del ferry en el municipio, así como la crítica situación de erosión fluvial que amenaza a la población.
Esta solicitud se hizo durante una reunión en la Gobernación del Magdalena, donde se destacó la urgencia de regularizar la operación del ferry, que estaría funcionando presuntamente sin los permisos de las autoridades competentes, como el Ministerio de Transporte y CORMAGDALENA, una situación que pone en riesgo la estabilidad de una obra realizada por el INVIAS en el municipio.
Por ello, el Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones de seguimiento preventivo y control de gestión, inició una actuación preventiva que involucra a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, la Procuraduría Regional del Magdalena y la Procuraduría Judicial Ambiental.
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