La localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, vivió una violenta jornada la noche del sábado 24 de mayo, luego de que se presentaran disturbios, bloqueos y…
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La localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, vivió una violenta jornada la noche del sábado 24 de mayo, luego de que se presentaran disturbios, bloqueos y ataques contra el CAI La Gaitana por parte de ciudadanos que protestaban por la muerte de Angie Alejandra Rodríguez Morales, una mujer de 28 años que falleció durante un procedimiento policial adelantado el pasado jueves 22 de mayo en el barrio Villa María primer sector.
Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, la situación se originó cuando una patrulla abordó a Rodríguez Morales y a su pareja con el fin de realizar una verificación de rutina. Durante la diligencia, la mujer habría reaccionado de forma agresiva y, presuntamente, atacó con un arma blanca a uno de los uniformados, quien en respuesta accionó su arma de dotación, impactándola en el tórax. A pesar de los intentos por auxiliarla, la mujer falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.
La reacción de la comunidad no se hizo esperar. La noche del sábado, decenas de personas se concentraron frente al CAI La Gaitana para expresar su inconformidad, lo que derivó en desmanes, daños a la infraestructura policial y enfrentamientos con las autoridades. La situación obligó a un despliegue adicional de fuerza pública para controlar el orden.
Frente al hecho, la Policía informó que el patrullero involucrado se presentó voluntariamente ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para rendir su declaración. Además, fue apartado de su cargo mientras se adelantan las investigaciones disciplinarias y penales que permitan esclarecer con precisión lo ocurrido.
La institución también reveló que Rodríguez Morales tenía antecedentes judiciales por tráfico de armas, estupefacientes, y figuraba como indiciada en un proceso por hurto desde el año 2017. Sin embargo, estos antecedentes no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que se revisarán en detalle los protocolos aplicados en el procedimiento.
“La Policía Metropolitana de Bogotá ha iniciado una investigación interna rigurosa para determinar si hubo excesos o violaciones al protocolo en el uso de la fuerza. Es fundamental que los hechos se esclarezcan con total transparencia y apegados a la ley”, señaló la institución en un comunicado.
El caso ha generado gran controversia pública y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía en Colombia, especialmente en contextos urbanos donde hay mayor presencia de operativos y controles.