El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, expresó este viernes su firme rechazo a la orden judicial que exige la construcción de nuevas cárceles en los…
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El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, expresó este viernes su firme rechazo a la orden judicial que exige la construcción de nuevas cárceles en los municipios de Maicao y San Juan del Cesar, pese a que el departamento cuenta con una penitenciaría en fase final de construcción y con capacidad suficiente para atender la población privada de la libertad.
Durante una entrevista en Cardenal Stereo, Velásquez explicó que la medida obedece a un fallo de tutela proferido hace cuatro años por el hacinamiento carcelario en la región, pero criticó que no se haya tenido en cuenta la evolución del contexto actual. “Ya existe una cárcel en etapa de finalización, con más del 92% de avance. Lo lógico es que el INPEC asuma su administración mediante un convenio, no seguir construyendo más centros penitenciarios cuando hay necesidades prioritarias como salud, educación y acceso al agua”, enfatizó.
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El funcionario advirtió que, de mantenerse la orden judicial, se estaría facilitando el traslado de reclusos desde otros departamentos, lo que —dijo— terminaría sobrecargando el sistema penitenciario local. También reiteró que los municipios carecen de recursos para asumir los costos que implicaría una nueva infraestructura, y menos aún la alimentación de los reclusos, que a partir del 1 de julio deberá ser financiada por las entidades territoriales.
“En La Guajira, de los 15 municipios, 12 son de sexta categoría y no cuentan con la capacidad presupuestal para cubrir gastos como los convenios con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que actualmente cobra cerca de 20 mil pesos diarios por interno por tres comidas. ¿Qué restaurante en el departamento puede garantizar alimentación digna con ese monto?”, cuestionó.
Velásquez también señaló que la situación se enmarca en una problemática nacional, ya que todos los departamentos enfrentan serias dificultades para cumplir con el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento carcelario. En ese sentido, instó al Gobierno Nacional a asumir su responsabilidad en el diseño de una política penitenciaria integral, sin trasladar la carga a las administraciones locales.
La Gobernación, junto con varios alcaldes del departamento, ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Justicia revisar la viabilidad de la orden y permitir que los esfuerzos se concentren en culminar y poner en funcionamiento la cárcel existente, construida sobre un terreno cedido por el departamento desde 2012.
“La prioridad debe ser dignificar las condiciones de los reclusos locales y no convertir a La Guajira en el destino de presos de otras regiones”, concluyó el secretario de Gobierno, quien reiteró que este tema será planteado formalmente ante las autoridades nacionales en las próximas reuniones.