El futuro de la reforma pensional aprobada por el Congreso y sancionada como Ley 2381 de 2024 podría dar un giro radical. Una ponencia presentada por el presidente…
Ya leíste tus notas gratis. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para seguir leyendo sin límite.
El futuro de la reforma pensional aprobada por el Congreso y sancionada como Ley 2381 de 2024 podría dar un giro radical. Una ponencia presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, recomendaría declarar inexequible la norma en su totalidad, al considerar que su trámite legislativo estuvo marcado por irregularidades graves e insubsanables.
La revelación fue hecha por W Radio, medio que tuvo acceso al documento elaborado por el magistrado. En el, se plantea que los errores en el proceso de aprobación comprometen la validez de la norma, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 1 de julio.
El origen de la demanda que abrió el estudio constitucional proviene de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. En su recurso, Valencia denunció que la ley fue aprobada mediante el uso del conocido «pupitrazo», sin garantías para un debate democrático, lo que, a su juicio, viola los principios del procedimiento legislativo.
La ponencia de Ibáñez habría descartado salidas intermedias como volver a someter la iniciativa al pleno del Senado o declarar la inconstitucionalidad de artículos puntuales. En su lugar, solicita a la Sala Plena del alto tribunal la anulación completa del texto normativo.
Este escenario añade incertidumbre al sistema pensional colombiano, ya que el Gobierno Nacional había avanzado en la implementación de la reforma. Recientemente, expidió el decreto reglamentario que definía aspectos clave del nuevo modelo, y cientos de afiliados ya habían seleccionado su Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), figura creada por la misma ley.
Ahora, será la Corte Constitucional la que determine si la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro —la única de carácter social que ha logrado aprobación en el Congreso— se mantiene en pie o debe ser retirada por completo.