La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien se desempeñó como gobernador del departamento de La Guajira entre 2008 y 2011, por su presunta responsabilidad en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado. La acusación está relacionada con supuestas anomalías en la suscripción y ejecución de un contrato incluido dentro del Plan de Aguas Departamental.
De acuerdo con la investigación, durante su mandato, Pérez Bernier lideró la estructuración de un ambicioso proyecto de infraestructura que buscaba mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado en distintas zonas del departamento. El plan estaba estimado en cerca de 130 millones de dólares, de los cuales 90 millones serían financiados mediante un préstamo del Banco Mundial y 40 millones con recursos públicos del orden nacional y departamental.
Sin embargo, para que se pudiera acceder a los fondos del organismo multilateral, era obligatorio que la Gobernación siguiera estrictamente los procedimientos contractuales exigidos por el Banco Mundial. Esto incluía obtener dos autorizaciones clave: una carta de aprobación de los pliegos de condiciones y una carta de no objeción para la firma del contrato. Aunque se recibió la primera, la segunda nunca fue expedida, lo que invalidaba la posibilidad de ejecutar el contrato bajo las reglas del Banco Mundial.
Pese a esta omisión, el entonces gobernador ordenó seguir adelante con el proceso y suscribió el contrato 295 del 30 de diciembre de 2010, por un valor de 5.786 millones de pesos, destinado al mejoramiento de tramos del alcantarillado sanitario en el barrio Arriba de Riohacha. El contrato fue financiado en su totalidad con recursos públicos provenientes de regalías, por lo cual, según la Fiscalía, debió seguir los lineamientos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), incluyendo licitación pública, estudios de conveniencia y análisis de costos.
No obstante, la administración de Pérez Bernier aplicó procedimientos establecidos por el Banco Mundial, a pesar de que este nunca dio autorización definitiva para respaldar financieramente el proyecto. Este hecho, para la Fiscalía, constituye una grave omisión de los deberes legales de supervisión, vigilancia y control por parte del exmandatario, lo que habría derivado en un contrato firmado sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la ley colombiana.
El caso será tramitado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará la fecha de inicio de las audiencias preparatorias. La Fiscalía resaltó que esta información se divulga por razones de interés general, dado el impacto que estos hechos pudieron haber tenido en la administración de recursos públicos en uno de los departamentos con mayores necesidades sociales del país.
