El Consejo Nacional Electoral (CNE) evaluará este martes una solicitud de revocatoria de inscripción contra la candidatura de Ivonne Manjarrez, presentada por un grupo de abogados encabezado por William Jacome, quienes alegan presuntas irregularidades cometidas durante su campaña a las elecciones territoriales de 2023.
Según explicó el abogado demandante en entrevista con Cardenal Stereo, la acción judicial se ampara en el artículo 40 de la Constitución Política, que faculta a los ciudadanos para ejercer control político. Jacome sostuvo que Manjarrez, entonces aspirante por el partido ASI, habría superado los topes de financiación establecidos por el Consejo Nacional Electoral y omitido reportes relevantes en el sistema de cuentas claras.
El jurista señaló que, aunque la campaña reportó aportes por aproximadamente $139 millones —cifra cercana al tope de $144 millones autorizado para ese municipio según la Resolución 0770 del CNE—, «existirían gastos no informados», entre ellos pagos en redes sociales y un evento musical con el artista Wilfran Castillo. Este último, según Jácome, «habría sido declarado por $5 millones, pero en realidad habría tenido un costo de $45 millones», según comunicación con el mánager del artista.
Asimismo, se esparcían afirmaciones que «la totalidad de los recursos habrían sido aportados por Rafael Manjarrez,» padre de la candidata, lo cual —a juicio del demandante— vulneraría las normas sobre financiación de campañas con fondos prohibidos, tipificadas en los artículos 396A y 396B del Código Penal. Esta situación fue también puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y hace parte del sustento de la revocatoria que será discutida este martes a las 3:00 p. m. ante el CNE.
Por su parte, Fabián Cotes, abogado defensor de Ivonne Manjarrez, desestimó los señalamientos calificándolos de “exabrupto jurídico” y advirtió que las afirmaciones de los demandantes se basan en normativas “inexistentes”, lo cual, dijo, podría derivar en denuncias ante el Consejo de Disciplina Judicial por la conducta de los abogados implicados.
Cotes aclaró que el reporte financiero de la campaña de 2023 se encuentra dentro del límite legal y que, en cualquier caso, la autoridad competente para declarar una violación de topes es el propio CNE, que hasta la fecha no ha emitido fallo en ese sentido. Enfatizó, además, que la candidata no resultó elegida en los comicios pasados, por lo que los efectos sancionatorios de una eventual infracción no podrían trasladarse a la contienda actual.
Respecto al papel de Rafael Manjarrez, el defensor afirmó que este se encuentra en licencia desde enero de 2023, por lo cual no ejerce funciones notariales activas y, por ende, no le aplicaría una inhabilidad. Agregó que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad pueden realizar aportes lícitos a campañas políticas.
“Estamos tranquilos y confiamos en que el Consejo Nacional Electoral desestimará esta solicitud sin fundamento legal”, concluyó el abogado Cotes, reiterando que el equipo de Manjarrez está dispuesto a comparecer ante cualquier instancia judicial para demostrar la legalidad de sus actuaciones tanto en las elecciones pasadas como en el actual proceso electoral atípico.
