La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien es señalada de haber participado en un intento por direccionar multimillonarios contratos públicos dentro del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la investigación, Benavides habría tenido un papel clave en el esquema de tráfico de influencias, fungiendo como enlace entre el entonces subdirector de manejo de desastres, Sneyder Pinilla, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. De acuerdo con las declaraciones del propio Pinilla, la exasesora era quien recibía instrucciones directas del alto funcionario y las transmitía sobre la asignación de recursos para proyectos específicos.
Los contratos en cuestión, que nunca llegaron a ejecutarse ni a desembolsarse, estaban destinados a municipios vulnerables como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), con un valor total estimado de 92.000 millones de pesos. Las primeras indagaciones apuntan a que el objetivo del plan habría sido favorecer políticamente a seis congresistas de las comisiones económicas del Congreso.
La Fiscalía busca con esta imputación esclarecer la cadena de responsabilidades dentro del entramado que, según las autoridades, habría comprometido la ética en la gestión de los recursos públicos destinados a atender emergencias. La audiencia de imputación será programada por la Judicatura y se espera que en ella se presenten las pruebas recolectadas, entre ellas testimonios, documentos oficiales y seguimientos a los movimientos del proceso contractual.
Este nuevo paso en el caso UNGRD subraya la profundidad de las presuntas irregularidades y representa un avance clave en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del Estado.
