El Gobierno Nacional declaró oficialmente la emergencia sanitaria en Colombia por el brote de fiebre amarilla que ha cobrado fuerza en varios departamentos del país. Aunque el anuncio…
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El Gobierno Nacional declaró oficialmente la emergencia sanitaria en Colombia por el brote de fiebre amarilla que ha cobrado fuerza en varios departamentos del país. Aunque el anuncio fue hecho por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el pasado 16 de abril, solo hasta este lunes 21 se conocieron los detalles mediante la publicación del decreto que ordena una serie de medidas urgentes para contener la propagación del virus.
Una de las principales disposiciones establece como prioridad nacional la vacunación para todas las personas desde los 9 meses de edad, incluyendo adultos mayores, migrantes sin importar su estatus legal y trabajadores del sector salud. La vacunación será intensificada especialmente en municipios clasificados como de “alto riesgo”, en departamentos como Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Vaupés y Caquetá, donde se han presentado 79 casos y 36 muertes confirmadas.
En las zonas de riesgo muy alto, el decreto autoriza a las autoridades locales a restringir la movilidad y el acceso a determinadas áreas si las personas no presentan prueba de vacunación. Estas acciones buscan evitar que quienes no estén inmunizados aumenten la cadena de transmisión del virus, que es altamente letal si no se detecta y trata a tiempo.
El Ministerio de Salud también ordenó la activación de las Redes de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (REVCom) para reportar oportunamente síntomas como fiebre, ictericia (coloración amarilla en la piel y ojos), sangrados y otros signos compatibles con la enfermedad, así como la presencia de monos u otros mamíferos enfermos o muertos, dado que estos animales pueden actuar como centinelas del virus.
En cuanto al manejo de los recursos, la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema de Salud) tendrá la responsabilidad de administrar y ejecutar los fondos dirigidos a contener la emergencia. Además, los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) deberán garantizar el acceso inmediato a servicios de salud en todos los niveles de complejidad, y asegurar el traslado terrestre, aéreo, fluvial o marítimo de los pacientes cuando sea necesario.
Finalmente, el decreto establece que la emergencia sanitaria permanecerá activa hasta que transcurran al menos ocho semanas epidemiológicas sin reportes de nuevos casos en el territorio nacional. Además, si una persona rechaza la vacuna, deberá firmar una declaración de disentimiento, asumiendo la responsabilidad por su salud y la de terceros.
Esta medida refleja la gravedad del brote y la necesidad urgente de colaboración ciudadana, institucional y comunitaria para frenar el avance de una enfermedad prevenible pero potencialmente mortal.
