Esta será una semana cargada de rendiciones de cuentas en el departamento de La Guajira, donde todas aquellas entidades que manejan recursos públicos deben informar de manera detallada cómo invirtieron los recursos del año 2024.
No se trata solo de manejar la imagen del funcionario presentando la gestión a través de videos, y de datos apoyados en gráficas, se trata de permitir que la comunidad tenga la oportunidad de preguntar con tiempos determinados para hacer más ágil la rendición.
La rendición de cuentas no puede convertirse en el comité de aplausos, debe ser el espacio para la sana crítica para que los funcionarios tengan la oportunidad de analizar cómo están llevando la administración.
Es importante que la comunidad participe, a ellos es a quienes realmente se les debe rendir cuentas porque gracias al voto que ejercieron el día de las elecciones, permitieron la victoria a quienes hoy ejercen el poder.
Los funcionarios públicos deben entender que son sujetos de críticas, algunas bien fundamentadas, otras no, y es allí donde deben demostrar que son capaces de responder sin evasivas y con respeto, porque además les permite tomar ciertos correctivos que son necesarios para entregar unos mejores resultados al término del mandato popular.
De acuerdo con la Función Pública, el proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades de la Rama Ejecutiva y de los servidores públicos del orden nacional y territorial, así como de la Rama Judicial y Legislativa, de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y grupos de valor) sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos.
Además, esta conformada por un conjunto de dispositivos, mecanismos y modalidades de control, contrapeso y supervisión de los gobernantes, funcionarios y agentes privados que manejan recursos públicos, ejercido por parte de actores sociales, agencias estatales e internacionales con el fin de mirar el desempeño y los resultados de los gobiernos, democratizar la gestión pública y garantizar los derechos ciudadanos.
Por su parte, desde la política pública, en el documento Conpes 3654 de 2010 la rendición de cuentas, las organizaciones estatales y los servidores públicos enfrentan premios o sanciones por sus actos. Las instituciones públicas, organismos internacionales, los ciudadanos y la sociedad civil tienen el derecho de recibir información, explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.