En la mañana del jueves 6 de marzo, familiares y amigos de Arturo Santander Barros Ibarra, un hombre wayuú señalado de pertenecer a una red de narcotráfico con operaciones en La Guajira y Norte de Santander, marcharon pacíficamente en Riohacha para exigir una investigación imparcial y denunciar la difusión de información sin fundamentos jurídicos que, según ellos, busca afectar su buen nombre.
Los manifestantes recorrieron las principales calles de la ciudad y se dirigieron a la Gobernación de La Guajira, la Fiscalía General de la Nación seccional La Guajira y el Palacio de Justicia. En estos lugares solicitaron garantías para un debido proceso y respeto por los derechos humanos e indígenas de Barros Ibarra, argumentando que su captura, ocurrida el 18 de febrero cuando salía de su trabajo en la empresa Cerrejón, estuvo marcada por irregularidades y falta de información.
Las familias denunciaron que, desde su aprehensión, no han tenido conocimiento sobre su estado de salud ni su paradero exacto. Se sabe que fue trasladado de Riohacha a Santa Marta y posteriormente a Bogotá, pero no se les ha permitido verificar su bienestar. “Solicitamos que le sean respetados sus derechos como indígena wayuú”, manifestaron sus allegados.
Según un reportaje publicado en el diario El Tiempo, Barros Ibarra sería un intermediario clave en una red de narcotráfico que utilizaba a comunidades indígenas como cómplices involuntarios para ocultar y transportar drogas. Sin embargo, su familia rechaza estas acusaciones, asegurando que él ha trabajado por más de 17 años en Cerrejón como mediador en procesos sociales con comunidades wayuú y que es abogado de profesión.
Actualmente, Barros Ibarra está siendo procesado para una posible extradición, tras ser capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA). Ante esta situación, sus familiares anunciaron que continuarán con movilizaciones pacíficas para exigir transparencia en el caso y el respeto de sus derechos.
