En una reunión sostenida esta semana en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez discutieron la posible eliminación del Ministerio de la Igualdad, una cartera que, pese a su reciente creación, ha enfrentado múltiples dificultades operativas y jurídicas.
El Ministerio, concebido como un espacio clave para la agenda de equidad del Gobierno y encabezado por Márquez, ha registrado un bajo nivel de ejecución presupuestal, que no supera el 2,5 %, mientras que su puesta en marcha ha requerido altos costos administrativos. Además, su existencia quedó en entredicho tras la decisión de la Corte Constitucional del pasado 8 de mayo de 2024, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, con la que se creó la entidad, debido a vicios de trámite.
Durante el polémico Consejo de Ministros televisado, la vicepresidenta expresó su inconformidad por haber tenido que esperar la creación del Ministerio en lugar de haber asumido otro desde el inicio del mandato. “A mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó en este año y medio, desde que usted me asignó de ministra, a crear una institución de cero”, afirmó Márquez en ese espacio.
Según fuentes gubernamentales consultadas por Colprensa, una de las alternativas discutidas es trasladar las funciones del Ministerio a una entidad adscrita a la Vicepresidencia, otorgándole a Márquez un papel protagónico en temas de niñez, juventud, madres cabeza de familia y comunidades afrodescendientes.
La posible eliminación del Ministerio de la Igualdad responde no solo a las críticas por su bajo desempeño, sino también a la necesidad del Gobierno de replantear su estructura institucional en medio de un complejo panorama político y fiscal.
