El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la realización de un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, que se extenderá desde la medianoche del 18 de febrero hasta el 21 del mismo mes. La declaración fue emitida a través de un comunicado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, generando incertidumbre y temor en una región ya golpeada por el conflicto armado y la crisis humanitaria.
Según el documento, la guerrilla argumenta que esta medida busca exponer lo que denominan una relación entre el Estado, las fuerzas militares y los grupos paramilitares en el Chocó. Además, acusan al Gobierno Nacional de ser el principal responsable de la crisis que atraviesa el departamento, señalando su supuesta complicidad en la expansión del Clan del Golfo en la región. El anuncio del paro armado se da en un contexto de enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales, que han generado desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades y una grave restricción a la movilidad de la población civil.
El Chocó es un territorio de gran importancia estratégica para los actores armados ilegales debido a su ubicación, que permite el acceso a corredores clave hacia el Pacífico, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, facilitando el tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando de madera. Tan solo en la última semana, combates entre el ELN y el Clan del Golfo provocaron el desplazamiento de más de 500 personas en el municipio de Istmina. Además, cerca de 2.000 familias indígenas se encuentran confinadas en la región del río San Juan debido a la presencia de minas antipersonal y el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
La crisis en el Chocó se suma a la situación de violencia que el ELN ha generado en otras regiones del país, como el Catatumbo, donde el accionar de la guerrilla llevó al Gobierno Nacional a suspender los diálogos de paz. En esa zona del país, cientos de ciudadanos han sido víctimas de confinamientos, desplazamientos forzados y reclutamientos de menores. También se han registrado asesinatos de civiles y firmantes del Acuerdo de Paz, así como la instalación de artefactos explosivos que han afectado la movilidad y la seguridad de la población.
El Gobierno Nacional había anunciado recientemente el envío de 340 militares a la subregión del San Juan y el despliegue de unidades navales con lanchas de combate en la zona, pero el ELN calificó estas acciones como “publicidad engañosa”, argumentando que no se han llevado a cabo operaciones efectivas contra el paramilitarismo. Mientras tanto, los líderes sociales y las comunidades afectadas denuncian la falta de una respuesta contundente del Estado ante el avance de los grupos armados ilegales.
El anuncio del ELN ha generado temor entre los habitantes del Chocó, quienes ya enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Los constantes enfrentamientos han limitado el acceso a servicios esenciales como salud y educación, mientras que la imposición de paros armados afecta las actividades económicas de la región, impidiendo que la población pueda movilizarse para trabajar, abastecerse de alimentos o recibir atención médica.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la escalada de violencia en el departamento y han instado al Gobierno Nacional a reforzar las medidas de protección para la población civil. A pesar de los esfuerzos por reactivar los diálogos de paz con el ELN, la continuidad de estas acciones violentas pone en entredicho la viabilidad de cualquier negociación y agrava aún más la situación en el Chocó.
Se espera que en los próximos días las autoridades tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad de los habitantes y mitigar el impacto del paro armado en la región. Entretanto, la población sigue en vilo, enfrentando las consecuencias de un conflicto que, lejos de disminuir, continúa cobrando vidas y generando nuevas crisis humanitarias.
