El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) suspendió provisionalmente la ejecución del laudo arbitral que ordenaba a Colombia pagar 379 millones de dólares (equivalentes a $1,8 billones) a la empresa española Telefónica. La decisión fue informada este lunes por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) en un comunicado oficial.
Según el pronunciamiento de la Andje, la suspensión, decretada el pasado 6 de diciembre, impide a Telefónica ejecutar el cobro de la sanción hasta que un Comité ad hoc, que será constituido para revisar el caso, emita una decisión definitiva. “La condena impuesta a Colombia ha quedado bajo riguroso examen jurídico”, enfatizó la Agencia.
El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, también celebró la medida, destacando que el laudo arbitral fue suspendido provisionalmente, lo que representa un respiro para el Estado colombiano.
La solicitud de anulación y suspensión del laudo fue presentada por Colombia el 12 de noviembre; la Andje consideró que la conclusión del tribunal en este caso resulta “diametralmente opuesta” a la adoptada en otro arbitraje internacional promovido por América Móvil, en relación con hechos y medidas estatales similares.
El origen del conflicto
El enfrentamiento legal inició el 2 de febrero de 2018, cuando Telefónica presentó un procedimiento de arbitraje internacional para reclamar los daños ocasionados por decisiones de las autoridades colombianas que afectaron sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones.
El conflicto surgió por la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones, una medida que llevó a la compañía española a pagar casi 380 millones de dólares al Estado colombiano en 2017; Telefónica argumentó que estas decisiones violaron los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.
El pasado 12 de noviembre, el Ciadi notificó el laudo que señalaba que Colombia incumplió su obligación de brindar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica. Además, el tribunal condenó al Estado colombiano a asumir los honorarios legales de la empresa durante el procedimiento arbitral, junto con los intereses generados.
