Tras meses de controversias, finalmente los 80 carrotanques adquiridos para mitigar la crisis de acceso al agua en Colombia entrarán en operación. Así lo confirmó Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en entrevista con Mañanas Blu. De estos vehículos, ocho serán destinados a los municipios priorizados en la sentencia T-302 sobre la emergencia humanitaria en La Guajira, mientras que los otros 72 se distribuirán en diversas regiones del país.
“La aseguradora Previsora fue la única que se presentó después de varios procesos desiertos, y tuvimos que aceptar sus condiciones. Hoy celebro esto como si me hubiera ganado un mundial, porque lograr algo tan simple como una póliza fue un proceso inexplicablemente complejo”, expresó Carrillo.
La demora de casi 10 meses para asegurar los carrotanques evidenció las dificultades administrativas que enfrenta el sector público. Según Carrillo, estas dificultades se agravan por las secuelas de la corrupción y la falta de interés de las aseguradoras privadas.
“El capitalismo busca siempre quedarse con la carne, mientras el hueso se lo deja al Estado. Por eso, al final, solo Previsora asumió la responsabilidad social y legal de asegurar estos bienes”, agregó el director.
Los ocho carrotanques que se quedarán en La Guajira serán distribuidos en Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure, municipios mencionados en la sentencia T-302. Los demás serán enviados a regiones con alta necesidad de abastecimiento de agua. Según el director de la UNGRD, las zonas afectadas por la sequía, como Ipiales en Nariño y algunas áreas de Boyacá, son prioritarias.
“Dependerá de las necesidades específicas. Algunos carrotanques serán operados directamente por la UNGRD, otros se entregarán a las entidades territoriales y operativas. Esta flexibilidad es clave para responder a emergencias con rapidez”, explicó Carrillo.
Carrillo , de nuevo, defendió la necesidad de un Estado robusto para enfrentar emergencias. En su opinión, la descentralización de la administración de recursos no debe confundirse con un desmonte de las capacidades estatales. “La gestión del riesgo no puede depender únicamente de la privatización. El riesgo no puede ser un negocio; debe ser una responsabilidad pública”, enfatizó.
El director también criticó la falta de infraestructura estatal para responder a desastres, como bancos de maquinaria amarilla o helicópteros especializados. Según él, depender de proveedores privados genera retrasos y costos elevados.
