Edwin Palma, agente interventor de Air-e, anunció que en las próximas semanas sostendrá una reunión con representantes de la Gobernación del Atlántico para buscar un acuerdo que permita eliminar el cobro de la tasa de seguridad de las facturas de energía eléctrica. Según Palma, este impuesto representa un “costo político” que no está relacionado con el servicio energético, lo que ha generado preocupación entre los usuarios.
Palma afirmó que se están evaluando diferentes alternativas, incluyendo la posibilidad de facturar esta tasa de forma separada del consumo eléctrico. “Una salida es poder facturar aparte esta tasa de seguridad y, obviamente, dejarla separada del consumo de energía eléctrica, para que la gente sepa que esta corresponde a cada servicio. Pero confiamos en que podamos llegar a un acuerdo”, señaló.
El interventor indicó que este debate no es exclusivo del Atlántico y que casos similares se discuten en otras regiones del país, como Antioquia y Cesar. Citó como precedente la experiencia de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que presentó argumentos similares para negociar con la Gobernación de Antioquia la exclusión de este tipo de cargos de las facturas.
Palma destacó la necesidad de involucrar a todos los actores del sistema en esta discusión, incluyendo entes territoriales, ciudadanos, empresarios y gobiernos, “que todos pongamos una cuota de sacrificio, es decir, que todos contribuyamos a superar esta crisis”, expresó.
El agente interventor enfatizó que la situación económica de la región es crítica, con muchas familias enfrentando la difícil decisión de pagar el recibo o cubrir sus necesidades básicas. “En estas facturas se están incluyendo tarifas que no guardan relación directa con el servicio de energía, lo que afecta severamente a los usuarios más vulnerables”, afirmó.
Finalmente, Palma hizo un llamado a la Gobernación para explorar mecanismos alternativos de recaudo, respaldando su petición con argumentos constitucionales y legales; su objetivo es liberar a los usuarios de un impuesto que, según él, agrava la crisis económica sin aportar al servicio energético.