El senador David Luna, de Cambio Radical, ha lanzado una advertencia sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025, señalando que el Gobierno de Gustavo Petro planea un recorte significativo en la inversión para 29 de los 32 departamentos del país. Estos fondos son esenciales para el desarrollo regional, ya que permiten financiar proyectos de infraestructura y fomentar el crecimiento local.
Luna destacó que los departamentos más afectados serían Sucre, con una reducción del 37,4 % en su presupuesto de inversión, seguido de Córdoba (-36,9 %), Atlántico (-32,6 %), Putumayo (-32,4 %), Meta (-31,3 %), Cundinamarca (-26,5 %), Santander (-26,3 %), Antioquia (-25,5 %) y La Guajira (-23,8 %).
En contraste, se contempla un aumento de inversión para algunas pocas regiones, entre ellas Bolívar (2,6 %), Vaupés (3,1 %), Vichada (3,7 %) y Bogotá (16,8 %). Ante esta disparidad, Luna cuestionó la lógica del proyecto presentado por el Gobierno: “¿Qué lógica tiene su presupuesto, Presidente? Mientras que aumentan la burocracia y el gasto de funcionamiento, reducen la inversión en 29 departamentos. ¿Este no era el Gobierno de y para las regiones? ¿O también fueron falsas promesas como todas las demás?”, criticó duramente el senador.
La controversia no se limita a los recortes; el Congreso levantó la sesión sin lograr un acuerdo sobre el presupuesto, lo que abre la puerta a una situación inédita: la aprobación del mismo por decreto.
El presidente de las comisiones económicas conjuntas, José Eliécer Salazar, confirmó esta posibilidad, que estaría alineada con el monto propuesto por el ejecutivo, estimado en $523 billones, aunque algunos sectores advierten que está desfinanciado.
Mientras tanto, Gustavo Petro ratificó en su cuenta de X que el Presupuesto sería decretado: “Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso”, afirmó.
Esta decisión llevaría a la aplicación de la figura conocida como ‘dictadura fiscal’, un término técnico que, según el Ministerio de Hacienda, se utiliza cuando el Congreso no aprueba el proyecto de presupuesto y el Ejecutivo procede a implementar el documento presentado; sin embargo, la senadora Angélica Lozano advirtió que esta medida podría generar desconfianza entre inversionistas y calificadoras, al ser considerada indeseable por los efectos que tiene sobre la estabilidad fiscal del país.