Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la nación a pagar $579.349.980 al congresista Gustavo Petro y toda su familia por los daños morales causado por los seguimientos ilegales de los que fueron víctimas por parte del extinto DAS.
«En el caso en concreto, el Estado no solo no protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Gustavo Petro y de su familia», dice el fallo.
Asimismo, el Tribunal señala que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República debe responder en un 45%, quien haga las veces del extinto DAS debe responder por un 45%, y la Unidad de Análisis Financiero Uiaf, debe responder por el pago del 10% restante.
De igual manera, la sentencia dice que hubo un concierto entre el DAS, la Uiaf y la Presidencia de la República para perseguir a Petro y a su familia entre los años 2006 y 2009.
«Su extralimitación de funciones obedeció a haber entregado al DAS la información financiera requerida por dicha institución, referente al señor Gustavo Petro, sin tener orden judicial alguna o sustento normativo al respecto”, añade dicho fallo.
