La plenaria del Senado de la República dio inicio este martes al debate de control político a diferentes autoridades nacionales, sobre la situación que viven los niños y adolescentes que han sido afectador por los distintos grupos armados ilegales en el reclutamiento forzado.
Al respecto, la senadora citante, Lorena Ríos Cuéllar, manifestó que expuso la situación del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados y grupos delincuenciales.
Explicó que esta práctica llevó a que en 2023 se registraran 184 casos de reclutamiento forzado, mientras que en lo que va de 2024, ya se han registrado 159, siendo el Cauca uno de los departamentos más afectados.
Señaló que el año anterior el 91.1% de los casos fueron atribuidos a las disidencias de las Farc y en este año se observa la participación del EPL, ELN y otros grupos, “esto muestra un patrón de violencia que persiste en nuestro país”.
Destacó que las alertas tempranas han sido una herramienta crucial para prevenir el reclutamiento de menores. Entre 2018 y 2023, se emitieron 299 alertas, 251 de ellas con alto riesgo. Sin embargo, se necesitan estrategias más efectivas para mitigar estos riesgos.
La senadora pidió fortalecer la política pública de prevención, crear un sistema de información unificado y garantizar la confidencialidad de las víctimas y denunciantes.
“No podemos permitir que más niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas del conflicto armado. Es nuestra responsabilidad, como sociedad y Estado, garantizar su protección y bienestar. ¡Es hora de actuar con firmeza y determinación!”, resaltó Ríos.
Por su parte, la senadora Berenice Bedoya Pérez, indicó que “hay que reforzar a los planteles, ya que los grupos armados van a estos lugares a buscarlos y seducirlos para reclutarlos. No debemos permitir que se vulneren sus derechos”.
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó que en la última década, se han reclutado a más de cinco mil víctimas, “lo que muestra que la política de paz total, ha sido un fracaso”.
A su turno la senadora del Partido Conservador, Liliana Benavides señaló que “este es un tema que nos entristece como sociedad. Este flagelo amenaza al futuro del país. Debemos exigir al Gobierno Nacional soluciones inmediatas para proteger a nuestros niños”.
Para la senadora Paloma Valencia, esto es un delito y un crimen de lesa humanidad. “No permitiremos que el reclutamiento de nuestros niños quede en la impunidad”.
Por el Gobierno nacional intervino ante la plenaria la ministra de Justicia y el Derecho, Ángela María Buitrago, quien planteó que se están implementando una serie de programas para el fortalecimiento de las familias, que son todas las articulaciones interinstitucionales necesarias y fundamentales, para atender los casos de reclutamiento.
“Estamos trabajando en una política para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, afiurmó.
